«Queremos mejorar todo nuestro instrumental regulatorio con el objetivo de ser más eficientes y eficaces”.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se ha enrumbado en lo que llama un escenario de reflexión regulatoria. Así, el presidente del organismo, Johnny Marchán Peña, remarcó – en entrevista con Gestión – que “queremos mejorar todo nuestro instrumental regulatorio con el objetivo de ser más eficientes y eficaces”.
Esto se hace necesario en un contexto donde en cinco años pasarán de 20,000 a casi 40,000 unidades fiscalizables, pues se les transferirá las acciones de fiscalización de al menos nueve sectores.
«Dentro de este escenario de reflexión regulatoria, en que nos encontramos, está la mejora de metodologías de evaluación y fiscalización. Justamente, la metodología de fiscalización de compromisos sociales es una de ellas», dijo.
Los instrumentos de gestión ambiental incluyen compromisos ambientales y compromisos sociales. Así, «la acción de fiscalización la ejercemos sobre esos dos componentes. Siempre ha sido así».
«Hay que reconocer que las exigencias ambientales son cuantificables, y a partir de un análisis de laboratorio podemos determinar si se cumple o incumple con la norma técnica; se puede ser bastante objetivo. Pero, no es lo mismo con los compromisos sociales», explicó.
Marchán Peña mencionó que «por ejemplo, un compromiso social en un instrumento de gestión ambiental de una minería podría ser: “mejorar el desarrollo de la población”. Pero no se aclara bien a qué se refiere. O, » desarrollar un programa de monitoreo”, sin que se precise hasta dónde llegan las competencias del equipo de monitoreo. No necesariamente se puede cuantificar, con lo cual se puede perder objetividad».
El funcionario resaltó que «es importante que nosotros acotemos esta metodología internamente, pero lo que buscamos en realidad es que lo que definamos sirva para retroalimentar la aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental, la modificación de alguno existente; y eso lo realizan otras instituciones, ya sea Senace o algunos ministerios que todavía tienen la competencia de certificar estos instrumentos de gestión ambiental».
«Hemos conversado con todos los actores, con empresas, líderes de comunidades, con certificadores, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (hace un par de semanas) sobre el plan piloto que hemos empezado, y todos están de acuerdo», reveló.
Sobre el plan piloto
Según detalló el vocero de OEFA, «es un piloto de tres fases: una primera fase de evaluación, llámese diagnóstico, y una propuesta metodológica; una segunda fase para entrar en campo a supervisar con esta nueva metodología, escenario controlado; y una tercera fase para retroalimentar lo que hemos ensayado en campo para finalmente formalizarlo a través de una guía, una metodología, de repente un reglamento».
Además, «el proyecto se enfoca en varias unidades fiscalizables. Minería: Inmaculada (Compañía Minera Ares S.A.C.), Quellaveco (Anglo American Quellaveco S.A.) y Planta de Óxidos (Óxidos de Pasco S.A.C.); hidrocarburos: Lote 88 (Pluspetrol Perú Corporation S.A.) y refinería de Talara (Petroperú S.A.); industria: Planta Atocongo (Unacem Perú S.A.); e infraestructura: Relleno Sanitario El Zapallal (Innova Ambiental S.A.)».
«En plazos, la primera etapa, que es diagnosticar y proponer una metodología de supervisión, que la debemos terminar en agosto de este año. Los cuatro meses siguientes, que sería hasta diciembre, lo vamos a emplear para ejercitar la metodología en estos siete proyectos emblemáticos», anotó.
«Entonces, diría que en el primer trimestre del año siguiente deberíamos estar ya formalizando o aprobando el marco normativo», acotó.
Ranking de mineras que cumplen con sus compromisos ambientales
El ranking de mineras que cumplen con sus compromisos ambientales lo elaborará el OEFA. Y dentro de este escenario de reflexión regulatoria, una de las cosas que quieren introducir en el sector ambiente son estos cuadros de comparación.
Buscan identificar algunos indicadores o variables posibles de comparar, «no nos interesa ingresar a datos de confidencialidad, pero sí datos de interés público».
«Sobre la base de ese set de indicadores, hacer una comparación. Todavía no los tenemos. Este proceso está siendo acompañado por especialistas y expertos del BID, del BM, hay interés de instituciones de este tipo para generar una herramienta que sea útil para confirmar que las empresas cumplen lo que dicen cuando se trata de materia ambiental», puntualizó.
El funcionario aseguró que ya han empezado los indicadores, «mucho del ejercicio es académico y queremos recoger experiencias de otros países, que no hay mucha. Por eso nuestro interés de trabajar con estos bancos que tienen expertos a nivel mundial».
«Deberíamos terminar a fin de año con la metodología bien definida. Seguramente será necesario formalizarla a partir de la inclusión en algún reglamento del OEFA y esa es una ruta que vamos a seguir», enfatizó.
Otros cambios para el marco de reflexión regulatoria
En palabras del presidente del OEFA, «hay varios aspectos por mejorar. Si algo queremos, es que lo que hagamos como entidad fiscalizadora sea predictible. Esa predictibilidad la logramos con las reglas claras. Hablábamos de que se alista una nueva metodología para supervisar compromisos sociales, eso tiene que estar escrito y debidamente regulado».
«Estamos trabajando en procedimientos de fiscalización conjuntos con el Osinergmin y con otro regulador del sector pesca, con el objetivo de compartir elementos que nos permita mejorar la gestión de riesgos», indicó.
«También proponemos que se cree un fondo que sirva para responder rápidamente al daño ambiental, a fin de que no nos pase una situación similar a la del caso del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Eso queremos que esté debidamente regulado», añadió.
Su administración se está debatiendo actualmente, pero «puede ser el Minam a través de sus direcciones generales, siempre hay alguna especializada en la materia. Podría ser OEFA, pero habría que evaluar que no seamos juez y parte».
