Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela redoblaron sus esfuerzos para imponer el orden en sus sectores mineros informales, mientras que Brasil parece haber dado marcha atrás en sus compromisos ambientales.
El Gobierno de Bolivia, que está investigando por qué las ventas de oro han aumentado en un país que produce poco, someterá a proceso a las comercializadoras del metal que no puedan presentar informes sobre el origen del mineral aurífero, según el regulador de comercialización de metales Senarecom.
Solo 4 de las 11 comercializadoras locales de oro han entregado la documentación requerida hasta la fecha, mientras que otras 5 han solicitado más tiempo, dijo a la prensa local el director de Senarecom, Johnny Maldonado.
Bolivia, que produjo solo 29.524kg de oro en 2017, registra exportaciones anuales por alrededor de US$1.000mn. Autoridades tanto de Perú como de Bolivia han admitido que productores ilegales del commodity lo contrabandean en su frontera compartida para evitar las medidas de fuerza en Perú.
Los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia han emprendido iniciativas conjuntas en los últimos años para reprimir la minería ilegal y formalizar las pequeñas operaciones a lo largo de sus áreas fronterizas. Se cree que el sector genera US$200.000mn en ingresos a nivel mundial.
Situación en otros países
En Colombia, la agencia minera ANM otorgó una concesión formal de 32ha para explotar materiales de construcción a mineros tradicionales en San Juan de Río Seco. Se trata de la primera que se concede en el departamento andino de Cundinamarca, como parte de una campaña gubernamental para formalizar el sector.
«Por medio del contrato especial de concesión otorgado a mineros tradicionales de San Juan de Río Seco, una comunidad de Cundinamarca tendrá una nueva fuente de oportunidades de emprendimiento, legalidad, que les genere mayor equidad», señaló la presidenta de ANM, Silvana Habib, en un comunicado.
El Gobierno colombiano ha identificado 8.000 operaciones mineras en 16 departamentos, según el Ministerio de Minas. La pequeña minería representa el 70% de las operaciones en el país, donde se cree que operan alrededor de 133.000 mineros informales.
Mientras tanto, autoridades de Ecuador y Perú iniciaron una operación militar conjunta contra una operación minera ilegal en la Región Cajamarca, junto a la frontera común. En la operación se destruyeron 18 dragas, motores y mangueras de succión en la margen del río Chinchipe en la provincia de San Ignacio, según el periódico limeño El Comercio.
Perú cifra en 400.000 los mineros informales en el país, que generan alrededor de US$3.000mn en ingresos anuales y que en 2018 explotaron alrededor del 20% de las 143t de oro que produjo Perú. La autoridad fiscal Sunat ha incautado al menos 2t de oro explotado ilegalmente desde 2011.
En Venezuela, el ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, se reunió con dirigentes del pueblo indígena pemón en el municipio de Gran Sabana para estudiar cómo detener la minería ilegal en la zona minera amazónica conocida como Arco del Orinoco. El área de 112 millones de metros cuadrados —que se cree que es rica en oro, mineral de hierro y diamantes— se creó en 2016.
«Oímos sus propuestas para optimizar la producción minera y frenar cualquier poder que quiera robarse nuestros recursos minerales», dijo Cano en un comunicado. «Uno de los planteamientos más importantes es atender los pasivos ambientales heredados de la minería capitalista».
Por último, la deforestación se ha acelerado en Brasil, al tiempo que el presidente Jair Bolsonaro debilita el Ministerio de Medio Ambiente y fomenta la inversión minera, agrícola y en infraestructura en la Amazonía.
Durante mayo se perdieron 739km2 de selva amazónica en Brasil, especialmente en el estado de Pará, informó el periódico londinense The Guardian, que citó a una agencia brasileña de monitoreo satelital.
*foto referencial
(BQO)
