En los próximos días se realizará la Exposición de Mineros y Proveedores 2025 o también llamado Minpro 2025, acaso una de las ferias mineras más importantes en lo que va del año. El evento coincide casi con las protestas que los diversos gremios de mineros informales o en vías de formalización promueven cuyo objetivo es la ampliación del Reinfo y una ley para la minería artesanal, mediana y pequeña o Ley Mape.
La pregunta que cae de cajón es, ¿necesita el mundo informal una ley? La respuesta es obvia. El problema es definir muy bien qué ley. En los días anteriores la Comisión de Energía y Minas liderada por el congresista Paul Gutiérrez ha defendido y propuesto una Ley Mape no obstante de las múltiples debilidades que tiene.
No vamos a ahondar en las rajaduras de la Ley Mape referida pero sí diremos que se trata de una ley más ideológica y política que técnica y honesta. En todo caso, flaco favor le ha hecho el congresista Paul Gutiérrez al mundo informal minero. Si usted llega hasta aquí estimado lector se dará cuenta que no me estoy refiriendo al mundo informal como ilegal, de hecho no he utilizado el término ilegal porque creo que una cosa no puede llevar a confundirnos con la otra. La minería informal no es minería ilegal, sin embargo esta última puede ser resultado de la primera.
Pero para que una Ley Mape pueda ser realidad no es cuestión solo de entender el problema sino de entender la solución. Los seres humanos, al fin y al cabo, siempre nos hemos preguntado cómo podemos conocer la realidad y cuáles son los límites de ese conocimiento. Lo que quiero decir, líneas atrás es que debemos descubrir una Ley Mape pero que ese hacer descubridor tenga por lineamientos el respeto al estado de derecho, el absoluto apego a cuidar y proteger la propiedad y los contratos.
Así, es necesario que Paul Gutiérrez y la Comisión de Energía y Minas dejen de lado el debate para dar paso a la serenidad y que la Ley Mape la debata una próxima Comisión en la legislatura que viene. De momento es lo mejor que se puede hacer.
