En lugar de extensiones de plazo del sistema actual, se debe impulsar un proceso de formalización que supere los obstáculos actuales.
Un reciente estudio de la Universidad del Pacífico plantea la necesaria distinción entre la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) formal, informal e ilegal. Además, se reconoce que no todos los mineros dentro del proceso de formalización culminarán este proceso efectivamente, y que se requieren estrategias específicas permanentes para erradicar y combatir la minería ilegal y la penetración de organizaciones criminales.
En este escenario se comparten recomendaciones que proponen que en lugar de extensiones de plazo del sistema actual, se impulse un proceso de formalización que supere los obstáculos actuales.
Favorecer una nueva narrativa asociada a una MAPE responsable
La MAPE ha sido percibida de manera negativa desde la década de 1990. El énfasis de las políticas para este sector se centró más en la erradicación de la minería ilegal que en el fortalecimiento del proceso de formalización.
Partiendo de un enfoque promovido por el Banco Mundial, que considera a la MAPE como un actor que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta investigación recomienda impulsar un cambio de narrativa y de visión asociada a una MAPE responsable, lo cual sería posible solo con un sector formalizado o en proceso de formalización, que cumple normas y estándares.
Para este proceso se propone la creación del Grupo de Colaboración de la MAPE, un espacio multiactor que estaría a cargo de contribuir a generar esta nueva narrativa desde la discusión de buenas prácticas, los desafíos del sector, su potencial aporte al PBI y al desarrollo social, así como una visión que, entre otros puntos, deslinde claramente de la minería ilegal y actividades ilícitas.
La base propuesta para esta iniciativa es la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PNMPMMA) vigente desde 2022.
Fortalecer la presencia estatal y el desarrollo comunitario
Para este fin se propone crear un fondo común local que provendría de la recaudación que obtiene el Estado de este sector. Este fondo se traduciría en beneficios tangibles para el desarrollo local, tomando en cuenta que la MAPE se lleva a cabo en zonas que presentan limitados niveles de servicios públicos.
Asimismo, se propone crear locales de asistencia a la MAPE en sitios claves donde opera este sector, que atiendan consultas de los mineros sobre regulaciones y requisitos estatales, contribuyendo a una mejor comprensión de los requisitos técnicos y administrativos del proceso de formalización.
Otro aspecto clave es contribuir, junto a autoridades locales, a reforzar la seguridad para reducir la escalada de conflictos y eliminar la criminalidad en áreas mineras.
Impulso de políticas públicas
Tratándose de una actividad dinámica, que no va a desaparecer, en la cual entran y salen actores de manera permanente, se propone un sistema permanente para la formalización, que permita una adecuada fiscalización.
Además, se recomienda mejorar los sistemas de gestión de concesiones, derechos de tierras y superficie, y los mecanismos de negociación del contrato de explotación y del terreno superficial, manteniendo y garantizando la prohibición de la minería en áreas protegidas y reservas naturales establecidas para proteger los ecosistemas y las comunidades vulnerables.
Es esencial también diseñar e implementar un sistema fiscal que incluya los distintos tipos de minería, con requisitos administrativos progresivos, según el tamaño de la actividad. Por ello, se propone crear una nueva clasificación de la minería de subsistencia a través de un proceso simplificado de formalización, que cuente con requisitos fiscales y administrativos según sus características. En esa línea, se recomienda modificar los requisitos fiscales para incentivar la formalización según las distintas clasificaciones de la MAPE, asegurando que los mineros se encuentren en las categorías adecuadas.
Asimismo, se propone trabajar en el ámbito internacional para mejorar la gobernanza de la MAPE, promoviendo un abordaje transfronterizo, en especial en la Amazonía.
Fortalecer los procedimientos gubernamentales y administrativos
Las demoras en transferencias presupuestales a los gobiernos regionales (GR) y entidades opinantes, la alta rotación de personal, que no es suficiente ni cuenta con los recursos adecuados, son algunos de los factores administrativos que impactan negativamente en el cumplimiento de los objetivos básicos de procesamiento de solicitudes de formalización.
Por ello, se recomienda mejorar el proceso de planificación y financiamiento de los GR y entidades opinantes mediante sistemas que sean públicamente rastreables, dentro de una mejor coordinación interinstitucional.
