CONFLICTIVIDAD SOCIAL. Conflictos sociales nuevos son el doble de los que se resuelven, advierte la Defensoría del Pueblo. El adjunto de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, advirtió – en diálogo con Semana Económica – que los casos nuevos de conflictividad social son el doble de los casos que se resuelven.
«Ha habido una disminución de los conflictos sociales en los últimos siete u ocho años pero seguimos teniendo más de 200 conflictos, dentro de los cuales se encuentran casos que vienen de tiempo atrás y no se resuelven hasta ahora. Lo que preocupa es que los casos nuevos son el doble de los casos que se resuelven. También preocupa que alrededor de 50% de las mesas de diálogo se instalen luego de los hechos de violencia, lo cual revela que no hay una acción preventiva», dijo.
El funcionario manifestó que el 30% de los conflictos sociales se deben al rechazo de la población al inicio del proyecto minero, como lo ocurrido con Conga (Cajamarca), Santa Ana (Puno) y Tía María (Arequipa).
Añadió que el 50% de los conflictos son respecto a proyectos que en este momento se están desarrollando y que incumplen normas.
«Esos los vamos a seguir teniendo. No sé cuántos inversionistas van a llegar en los próximos años para desarrollar proyectos de gran envergadura, pero por ejemplo, el proyecto Quellaveco (de la empresa Anglo American, en Moquegua) ha sido demorado por problemas económicos y no por discrepancias entre la población y el proyecto minero», aclaró.
Focos de urgencia
Luque indicó que en Apurímac se han activado varios proyectos mineros en los últimos años, convirtiéndose probablemente en el corredor minero más importante que tiene el país.
«Aquí ya subsiste un problema con el proyecto minero Las Bambas (de MMG). No es que exista un rechazo de parte de la población al proyecto minero, pero el error ha sido no comunicar bien los cambios que se habían introducido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto», señaló.
Agregó que existen mesas de diálogo en las provincias de Grau, Challhuahuacho, y Cotabambas, pero en el caso de Challhuahuacho los acuerdos no se han cumplido en su totalidad, y se han postergado varias veces las reuniones para la mesa de Cotabambas.
En Cajamarca también hay un número importante de proyectos mineros: algunos están en la fase de exploración y otros están intentando elaborar su EIA. El caso Conga ha tenido un impacto en sensibilizar al extremo a la población respecto a los proyectos mineros.
«Otro gran problema es Hualgayoc, donde existen numerosos pasivos ambientales. Estamos hablando de 1,000 pasivos ambientales concentrados en esta zona. Es una demanda muy antigua», finalizó.
