El nuevo cambio del titular del sector -otro más-, el agravamiento de los conflictos y la incapacidad del Gobierno para resolverlos, son tres de las varias situaciones que están afectando ya la marcha del sector y que, de persistir, pueden poner en riesgo su desarrollo futuro. ¿Qué se debe hacer para afrontarlas? Augusto Cauti, Exviceministro de Minas y agudo analista del sector, responde a estas y otras interrogantes haciendo un balance del complejo momento por el que atraviesa la minería peruana y enumerando las tareas concretas que se deben emprender, desde el Estado y el ámbito privado, para hacerle frente.
El Gobierno cambió por quinta vez al titular del sector de Energía y Minas en apenas 10 meses de gestión. ¿Qué representa esta situación como señal para los inversionistas?
Lamentablemente, no las correctas. El hecho de tener, en tan corto tiempo de Gobierno, un número tan alto de ministros que van cambiando en el sector -además de otros funcionarios del ministerio que van cambiando y rotando-, no solo crea una mayor incertidumbre para la toma de las decisiones de inversión, sino que, más preocupante aún, refleja una carencia de políticas para la industria y un grave debilitamiento de la institucionalidad, cuyas consecuencias concretas son las que estamos viendo ahora.
Una de ellas es la producción de los metales, por ejemplo, que en el primer trimestre cayó en general, con la única excepción del hierro.
Algo que no había ocurrido ni siquiera durante la pandemia.
Así es. Y es que, si había una señal positiva respecto a la marcha futura del sector, esa era que las unidades venían produciendo de manera sostenida, pese a la coyuntura que generó la pandemia del Covid-19 y al impacto mundial que ha generado la guerra entre Ucrania y Rusia.
Porque frente a esos factores adversos, lo que teníamos en el país es un sector minero resiliente y que mostraba una gran capacidad de respuesta ante ellos. Ahora, sin embargo, lo que estamos viendo es que esa capacidad está siendo afectada, y que eso está ocurriendo claramente por las malas decisiones del Ejecutivo respecto al sector.
¿La agudización de los conflictos es también el resultado de ese proceso de deterioro?
Sin duda, porque la conflictividad es originada por el hecho de que los recursos que genera la minería no son adecuadamente invertidos para solucionar las demandas sociales ni cerrar las brechas de infraestructura de agua, salud, saneamiento o educación en las poblaciones de zonas aledañas donde se realizan actividades mineras.
Pero a eso, que ya es un factor crítico, se han sumado las malas decisiones del Ejecutivo, el debilitamiento institucional de las entidades que son críticas para el desarrollo sostenible del sector y la falta de una adecuada gestión de los conflictos sociales. Pero también los discursos y acciones de las autoridades del Ejecutivo respecto del sector minero, que se han dado desde inicios de este Gobierno y que solo han generado más conflictividad y mayores divergencias, actuando de manera irresponsable contra los intereses del país.
De los perjuicios que han provocado esos nombramientos, se ha advertido el grave deterioro de la institucionalidad del sector. ¿Cuál es su balance?
Negativo, sin duda, porque, además de los ministros del sector, se han hecho cambios en los viceministerios, direcciones y oficinas clave, lo que viene afectando la marcha del sector. Es el caso de la Dirección de Gestión Social, por ejemplo, que depende directamente del ministro y es clave en la gestión de conflictos; no solo se han hecho cambios, sino que, incluso, ha habido momentos en que ni siquiera ha tenido a su responsable nombrado.
Pero lo grave no es únicamente la frecuencia de los cambios en esas posiciones, sino las personas a las que el Gobierno ha designado para ocuparlas; la mayoría de ellas sin conocimiento ni experiencia en el sector, todo lo cual nos está afectando ahora.
Porque, repito, lo que estamos viendo hoy en el sector es la factura que estamos pagando por las malas decisiones del Gobierno. Esto es, problemas de producción, lo que tendrá consecuencias en las transferencias a las regiones, que se van a ver afectadas; carencia de nuevos proyectos, efecto que ya tenemos hoy y que lo seguiremos teniendo; y una caída evidente de las actividades de exploración.
Y es que, como resultado de la incertidumbre generada por el Gobierno, las inversiones se retraen y van a donde tienen mejores condiciones.
¿Cree que esas decisiones del Gobierno se explican solo por la carencia de cuadros con capacidad técnica o hay detrás una intención política?
Con algunas excepciones, que claramente son pocas, creo que la conclusión respecto a los nombramientos realizados por el Gobierno, en general, es que se deben simplemente a su falta de capacidad y de convocatoria para encontrar a los cuadros adecuados, además de su desconocimiento y negligente actuación para enfrentar los problemas del país.
De ahí que, en general, su línea de conducta sea nombrar a personas que no están preparadas, que no conocen los sectores en los que son designados y que ni siquiera tienen la más mínima experiencia en la gestión pública.
Desde su perspectiva, ¿Cómo se explica la recurrencia y agudización de los conflictos relacionados a Las Bambas?
Remontándonos a los inicios de este proyecto, en el que sin duda se tomaron decisiones erróneas. Y no solo por parte del Estado, sino también por parte de las empresas que han sido parte de este proyecto.
¿Como cuáles?
Como no concretar el proyecto del mineroducto o no pensar en un desarrollo territorial integral. Sobre todo, teniendo en cuenta que este proyecto, por sus dimensiones, claramente iba a tener impactos en una zona mayor a la comprendida en su zona de influencia directa, debido al transporte de su producción a través de casi 700 u 800 kilómetros hasta el puerto de Matarani.
Creo que son esas decisiones -y el haber sido muy transaccional en su forma de enfocar el tema relacionado a los terrenos y las servidumbres- están generado que, al cabo del tiempo y al no haberse adoptado soluciones integrales y enfocadas en el territorio, se tengan reclamos constantes.
Todo ello, sumado a los problemas de incapacidad de gestión que tiene el Estado para realizar una inversión pública que cierre las brechas sociales existentes o para apoyar el desarrollo de otras actividades económicas en la zona, es lo que ha generado el clima de conflicto y violencia, que es lo que estamos viendo hoy.
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