El viceministro de Minas, Augusto Cauti, instó al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) a realizar una propuesta concreta que reglamente y mejore las condiciones de trabajo de los mineros artesanales y pequeños productores.

Explicó, por ejemplo, que el proceso de formalización, que se inició hace diez años, ha tenido avances mínimos, pues de 55 mil mineros solo 7 mil han sido inscritos.

Precisó que urge simplificar los trámites, y que existieron errores en el pasado que deben reconocerse. No obstante, señaló que no pueden relajarse los estándares ambientales requeridos a estos mineros, pues sus labores también impactan en el medio ambiente.

Así lo afirmó durante el conversatorio “Pequeña Minería y Minería Artesanal”, organizado por el Capítulo de Minas del CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y que reunió a representantes del Gobierno, la empresa privada, y la sociedad civil.

Dn. Rafael Belaunde Aubry, afirmó que los mineros artesanales no impactan en el mismo grado en que lo hacen las grandes mineras. Señaló que la ley debe diferenciar a los que impactan menos de los que no, y que la norma debe adecuarse a la realidad.. Asimismo, propuso alternativas viables para tener una mejor relación entre el estado, la sociedad y los pequeños productores mineros y mineros artesanales, como:

– Disponer un sistema de cuadriculas de 25 hectáreas
– Brindar flexibilidad en la compra y comercialización de minerales
– Establecer sanciones y multas de acuerdo a la realidad de las operaciones minera de los pequeños mineros
– Mejorar el sistema de la declaración anual consolidada (DAC) para que los pequeños mineros puedan cumplir con los compromisos que la misma autoridad solicita.

“La actividad del minero artesanal y pequeño minero es completamente legítima y el Estado debe apoyarlos”, precisó.

Desde el punto de vista legal, la Dra. Sally Meza, asesora del área congresal del presidente de la Comisión de Energía y Minas, reveló que su despacho viene evaluando siete proyectos de ley al respecto. “Dos tratan sobre una ley especial de la pequeña minería y minería artesanal, otros dos pretenden modificar la normativa actual, dos más proponen confirmar la actual ley de minería, y uno apela a proyectos de reforestación”.

Meza apuesta por una regularización en vez de formalización, a fin de que el trámite sea más simplificado.

Por su parte, Javier Camargo, asesor nacional de Better Gold Initiative de la Cooperación Suiza, invitó a los pequeños productores a unirse a la Iniciativa Oro Responsable, que capacita y apoya a estos empresarios, en el proceso de formalización, comercialización, y exportación, con la finalidad de que obtengan precios justos sin intermediarios.

Los representantes, Sr. Manuel Reinoso (Presidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala – SONAMIPE), Sra. Gladys Tapia (Presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú – AMIP) y el Ing. Pedro Heredia opinaron que se tenga en cuenta:

– Los aspectos de comercialización no deben quedar incompletos en el proceso minero y más bien se debe reducir la tramitología, dado que cada vez existan más trámites, y menos facilidades para los pequeños mineros.
– Se debe propiciar la instalación de una Ventanilla Única, y solicitar a los gobiernos regionales limiten el cambio constante de funcionarios.
– La posibilidad de crear una defensoría del minero donde se brinde asesoría técnica para la explotación y comercialización.
– Los mecanismos de la SUNAT deben adecuarse a la realidad de los pequeños mineros, dado que estos no pueden solventar los altos costos legales y tiempos que demandan los procesos contables y financieros de los respectivos impuestos.

Por su parte, el director del capítulo de minas del CD de Lima, Ing. Jorge Soto, indicó que se debe aprovechar la información de SENACE, sobre los estudios ambientales de las diferentes zonas mineras del Perú, para utilizarlas como parte de los instrumentos de gestión ambiental que se solicita a los pequeños mineros y mineros artesanales, haciendo comparación con las cartas geológicas del INGEMMET y que utilizan las empresas mineras para los denuncios mineros.

*foto referencial

(BQO)

El estatismo quiere ser revivido en el Perú por algunos gobernadores que, a través de su propuesta de nueva Ley General de Minería quieren impulsar una sobrecarga fiscal sobre todo el sector minero y la creación de una empresa estatal minera, ahuyentando la inversión privada en esta importante industria productiva del país.

Así lo señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, al alertar que con estas iniciativas los gobernadores de la llamada Mancomunidad de la Macro Región Sur, destruirían la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada, generando menores ingresos para el país y mayor pobreza.

El presidente de la SNMPE expresó su preocupación de que hoy se quiera volver al pasado, promoviendo la creación de una empresa pública minera y que se pretenda destinar los fondos del erario nacional para ello.

“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Más bien, se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos.”, subrayó.

Las propuestas que han hecho públicas este grupo de gobernadores -anotó- resultarían también en una expropiación encubierta, al pretender que el 80 por ciento de las utilidades de las empresas se queden en poder del Estado.

Asimismo, advirtió que, de prosperar, la propuesta llevaría al colapso la exploración minera en el país, pues se eliminaría el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) para esta actividad.

“Esa iniciativa desencadenaría la paralización de la exploración en circunstancias en que ya registra una caída mayor al 50 % en los últimos 5 años y de 17% en el primer semestre del 2019. No olvidemos que la exploración es fundamental para encontrar los yacimientos que se convertirán en las minas del futuro.”, comentó.

Otras propuestas planteadas – indicó- consideran la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en el territorio nacional, lo que restaría competitividad al Perú como destino de inversión minera y afectaría la estabilidad jurídica que tiene el país.

De otro lado, denunció que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, declaró.

En suma, estamos frente a una propuesta de nueva Ley General de Minería que, lejos de promover la competitividad y el crecimiento de la minería peruana formal que tanto requerimos, provocaría el colapso de esta industria, una de las principales impulsoras de la economía y desarrollo en el país. Esto significaría un duro golpe para el futuro del Perú, puntualizó el presidente de la SNMPE.

*foto referencial

(BQO)

El estatismo quiere ser revivido en el Perú por algunos gobernadores que, a través de su propuesta de nueva Ley General de Minería quieren impulsar una sobrecarga fiscal sobre todo el sector minero y la creación de una empresa estatal minera, ahuyentando la inversión privada en esta importante industria productiva del país.

Así lo señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, al alertar que con estas iniciativas los gobernadores de la llamada Mancomunidad de la Macro Región Sur, destruirían la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada, generando menores ingresos para el país y mayor pobreza.

El presidente de la SNMPE expresó su preocupación de que hoy se quiera volver al pasado, promoviendo la creación de una empresa pública minera y que se pretenda destinar los fondos del erario nacional para ello.

“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Más bien, se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos.”, subrayó.

Las propuestas que han hecho públicas este grupo de gobernadores -anotó- resultarían también en una expropiación encubierta, al pretender que el 80 por ciento de las utilidades de las empresas se queden en poder del Estado.

Asimismo, advirtió que, de prosperar, la propuesta llevaría al colapso la exploración minera en el país, pues se eliminaría el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) para esta actividad.

“Esa iniciativa desencadenaría la paralización de la exploración en circunstancias en que ya registra una caída mayor al 50 % en los últimos 5 años y de 17% en el primer semestre del 2019. No olvidemos que la exploración es fundamental para encontrar los yacimientos que se convertirán en las minas del futuro.”, comentó.

Otras propuestas planteadas – indicó- consideran la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en el territorio nacional, lo que restaría competitividad al Perú como destino de inversión minera y afectaría la estabilidad jurídica que tiene el país.

De otro lado, denunció que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, declaró.

En suma, estamos frente a una propuesta de nueva Ley General de Minería que, lejos de promover la competitividad y el crecimiento de la minería peruana formal que tanto requerimos, provocaría el colapso de esta industria, una de las principales impulsoras de la economía y desarrollo en el país. Esto significaría un duro golpe para el futuro del Perú, puntualizó el presidente de la SNMPE.

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El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas (Drem), está cambiando la estrategia para combatir la minería ilegal, de modo que se aplique la metodología de Madre de Dios, con presencia permanente de la Policía Nacional en los lugares donde se ejerce esta ilícita actividad.

Así lo expresó el titular de la Drem Piura, Percy Fiestas Aquino, quien indicó que al ser este un problema nacional, se ha optado por cambiar el modo de combatir la minería ilegal. En tal sentido, dijo que se trabaja un informe técnico para pedir ante las instancias permanentes que se combata directamente este flagelo.

“Aplicando la metodología de Madre de Dios, es decir, con la presencia permanente de la Policía Nacional en las zonas donde se desarrolla la minería ilegal, porque a la fecha si bien la Policía mantiene alejados por un tiempo a los ilegales, luego retornan y no da resultados”, puntualizó.

Explicó que este problema se presenta principalmente en Ayabaca, así como en parte de Huancabamba, Las Lomas, Tambogrande y cabeceras de cuenca de Sapillica, “y puede ser dañino para el valle de San Lorenzo y la parte baja de Piura”.

Reconoció asimismo que la minería ilegal ha ido en aumento, ante lo cual se realizan interdicciones mineras, que son intervenciones directas de la Policía contra mineros ilegales, pero al ser una actividad lucrativa y avalada por el crimen organizado, es difícil contrarrestarla.

Finalmente, manifestó que el gobernador regional, Servando García, se muestra preocupado con este problema, por lo cual le ha dado la instrucción precisa de coordinar con los altos mandos de la Policía Nacional para combatirlo.

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