INTERNACIONAL. La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) difundió la tarde de este lunes —a través de su equipo de asesores— un estudio realizado por seis profesores, consultores y estudiantes en el que se propone como una recomendación “urgente” que se derogue la Ley 8.904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y reemplazarla por “una nueva ley con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable”.

El estudio —titulado Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas— es firmado por varios especialistas y recoge varios hallazgos del reciente estudio realizado por el Minae sobre la dispersión de mercurio que amenaza los ecosistemas de la zona; sin embargo, añade la polémica recomendación en su última página.

Consultada sobre este tema, la diputada sancarleña del PLN, María José Corrales, una de las más interesadas en el tema de la minería ilegal en su cantón, comentó que se trata de un estudio que van a revisar “con más claridad y más pausadamente”; sin embargo, sí aceptó que una idea que analizan posible es abrir las puertas para “explotar” los recursos naturales que tiene el país, si es “ambientalmente viable”.

“Somos conscientes de que nuestro país tiene recursos naturales que se pueden explotar siempre y cuando sea de una manera ambientalmente viable. Tenemos que buscar ese equilibrio y justamente eso es lo que estamos empezando a investigar y redactar, buscando la manera más confiable para que nuestro medio ambiente no se vea socavado de una manera ambiental como se está viendo actualmente por la actividad minera”, apuntó, no sin antes añadir que podrían potenciarse concesiones, dominios estatales y actividades cooperativas en la materia.

Además, Corrales agregó que —desde su punto de vista— “es latente y evidente, según la información que hemos estado recabando, que existe la necesidad de realizar una modificación al Código de Minería, que es sumamente importante para garantizar que sea el Estado costarricense quien dé un control oportuno a nuestros recursos naturales, ya que la ley 8.904 lo que hizo fue inhabilitar el artículo 1 de esa ley”.

Sobre la conveniencia de revivir la minería —en lugar de presentar otra ley para regular el uso de sustancias como el mercurio, que es una de las preocupaciones esbozadas por la congresista—, Corrales aseguró que ciertamente ese “es un panorama que habría que analizar”, pues “apenas están iniciando a recabar toda la información” necesaria.

De cualquier manera, según la diputada, el tema de los minerales debe analizarse en el país, pues “incluso se habla de gas natural o petróleo” y podría ser conveniente reglamentarlo, tomando en cuenta que existen diferentes sitios nacionales donde ya se desarrollan actividades similares o existe el potencial para hacerlo, como Abangares o Corcovado.

No hay posición oficial

Consultado sobre este estudio, el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que es un texto que le pasaron de último momento, pero afirmó “no conocerlo”. “Como vi que era un tema atractivo, creí que era importante compartirlo, pero no lo conozco”, señaló.

No obstante, sobre la recomendación en cuestión, aseguró que “una propuesta como esa no es un tema que se haya debatido a lo interno de la fracción, pues es un tema muy álgido y muy complejo que requiere de tiempo”, aunque aceptó que “hay compañeros que han venido trabajando en alguna propuesta para mejorar las condiciones en las que el país desarrolló las actividades mineras”.

“Desconozco si irían por el lado ese que usted me está contando que concluye el estudio (…) no es una posición de fracción, para nada, lo que nos importa del estudio es corroborar lo que hemos venido denunciando en cuanto a los gravísimos efectos de la minería ilegal, que dejan en evidencia que el país ha asumido un cuido irresponsable de sus recursos naturales en esa zona del país”, subrayó.

Sin embargo, según Benavides, no existe una iniciativa formal en la fracción al respecto, sino que el estudio simplemente “era un documento que, para los efectos de lo que ha venido investigando la fracción liberacionista, era importante en el sentido de seguir ahondando en el conocimiento del daño inmenso que se le ha hecho a la Zona Norte, particularmente en Crucitas”.

El estudio lo firmaron seis personas: el profesor de Ciencias de la Tierra de Cornell, Esteban Gazel; el estudiante de Postgrado en Ciencias Geológicas de Cornell, Aristides Alfaro; el consultor de ALARCA Geoquímica EIRL, Alejandro Arauz; el profesor de Hidrología Química de la UNA, Ricardo Sánchez; el consultor asociado de ALARCA Geoquímica EIRL, Aristides Alfaro; y la profesora de Geología de la UCR, Stephanie Murillo.

*Vía: Semanario Universidad