MINERÍA. Perú y Colombia promoverán formalización minera y gestión ambiental. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, y su homólogo de Colombia, Germán Arce Zapata, suscribieron hoy un convenio marco de cooperación interinstitucional para promover políticas del sector minero, principalmente, respecto a la formalización de la minería de pequeña escala y la gestión socio ambiental.

El convenio, celebrado en el marco del III Gabinete Binacional de Perú y Colombia que se desarrolla en esta ciudad, busca implementar políticas para la formalización minera y gestión socio ambiental acorde al uso de nuevas tecnologías que fomenten la actividad minera bajo estándares de sostenibilidad.

«El principal objetivo es intercambiar políticas y experiencias para la formalización de la pequeña minería entre ambos países, así como compartir mejores prácticas, adecuando el uso de los recursos y la reducción del uso del mercurio», sostuvo el ministro Tamayo Flores.

El convenio, que entre otros objetivos, señala que se debe coordinar y ejecutar acciones tendientes a lograr la formalización a los sujetos que se encuentren en proceso, en el caso peruano, y de las unidades de producción minera objeto de la formalización, en el caso colombiano, en la zona de frontera o áreas determinadas.

La implementación del convenio ordena la conformación de un Grupo de Trabajo Binacional que coordinará la ejecución de sus actividades y se reunirá una vez al año.

Apoyo energético

Durante la reunión del ministro Tamayo Flores con su par colombiano abordaron temas relacionados con la cooperación en la industria de los hidrocarburos para intercambiar experiencias e información relacionada con su exploración, transporte y comercialización.

Se habló también de la implementación para el presente año del Acuerdo Internacional entre OSINERGMIN y CREG, que mejora la regulación como mecanismo económico para incentivar la  inversión y se facilite la provisión eficiente y sostenible de la electricidad e hidrocarburos.

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MINERÍA. Chumbivilcas: Autoridades y mineras se reunirán para discutir demanda de revisión de los EIA. Ante la demanda reciente de pobladores aledaños a zonas donde operan empresas mineras para revisar los Estudios de Impacto Ambiental, autoridades de Chumbivilcas y ejecutivos mineros tendrán una reunión para discutir ello.

El próximo 4 de febrero se realizará la reunión de autoridades y ejecutivos de las mineras que operan en Chumbivilcas (Cusco) para discutir la demanda de revisión del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos que hay en esa localidad. Así lo informó La República.

El alcalde, David Vera, afirmó que ese punto es el más complicado en las negociaciones, toda vez que hay resistencia de las empresas. Añadió que la población no dará su «brazo a torcer».

Aseguró que nadie se opone a la minería siempre que se respete a las comunidades, se cumplan los compromisos y no se contaminen las fuentes de agua ni el medio ambiente.

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MINERÍA. Doe Run se valoriza en US$ 211 millones y ya hay cuatro ofertantes. De acuerdo a los cálculos estimados por la consultora internacional Price Waterhouse Coopers (PwC), los dos activos administrados por la empresa Doe Run en Perú ascienden a 211 millones de dólares, y a la fecha se presentaron cuatro compañías interesadas en los proyectos.

El primero, el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), está valorizado en 115 millones de dólares; mientras que el segundo, la Unidad Minera Cobriza (UMC), se calcula en 56 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no puso un precio oficial.

De esta manera, para la venta de ambas propiedades, los postores ofertantes deben adquirir las bases de licitación aprobadas en diciembre de 2016, cuyo plazo culmina este viernes 27 de enero.

¿Y quiénes son? Según fuentes del proceso concursal, son cuatros consorcios confirmados los que compraron las bases, dos de ellas provienen de Suiza y China, respectivamente. Incluso, se baraja la posibilidad de que el cupo de ofertantes aumente a siete.

No obstante, todo ello se definirá el 3 u 8 de febrero cuando la junta de acreedores, con participación de Ministerio de Energía y Minas, Cormin y Coprim Ingenierías (MEM) y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), se reúna para evaluar el valor real de los activos de Doe Run Perú

Las subastas de DRP se realizarán el 10, 20 y 27 de marzo. Si la primera quedara desierta –es decir, sin postores presentes– se pasaría a la segunda fecha y, de suceder lo mismo, a la tercera fecha.

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MINERÍA. SPDA presenta diez recomendaciones a cerca de los nuevos decretos sobre minería informa e ilegal.

Según especialistas de la SPDA, las nuevas normas destacan por su planteamiento en la simplificación administrativa, pero no atacan los problemas de fondo. Asimismo, señalan que las disposiciones sobre el uso de equipos permitidos se deben reevaluar en base a criterios técnicos.

El alejamiento del Ministerio del Ambiente (Minam) en el tema de formalización minera y lucha contra la minería ilegal es otro de los cuestionamientos a las nuevas normas.

Ante la emisión de los nuevos decretos legislativos relacionados a la formalización de la minería informal y lucha contra la minería ilegal, por parte del Ejecutivo, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó diez recomendaciones sobre dichas normas, con el fin de ajustar y mejorar estas nuevas disposiciones del Gobierno.

Como se sabe, la minería informal y minería ilegal han tenido un crecimiento significativo desde mediados de la década pasada, sobre todo en la Amazonía. Esta situación ha generado una serie de impactos sociales, ambientales y económicos sobre el país que, desde el gobierno del presidente Toledo, han tratado de ser abordados de distintas maneras.

Ante este panorama resulta necesario abordar este tema no solo resolviendo el problema que representa la burocracia en asuntos de formalización. Si bien los nuevos decretos presentan avances en materia de simplificación administrativa, aún no atacan con claridad y coherencia algunos problemas de fondo.

Entre las recomendaciones, la SPDA opina que «no se debe ampliar el proceso de formalización minera hasta contar con mayor información sobre la situación actual», tal como lo indica el DL 1293. Esto genera una amnistía para los mineros que no se acogieron al anterior proceso de formalización iniciado el 2012.

«Antes de tomar este tipo de decisiones se requiere contar con información confiable sobre la situación de la minería informal e ilegal que permita hacer una estimación razonable de la población potencial y objetivo de la política de formalización. Para ello, se hace necesario realizar un censo minero», explica Lenin Valencia, investigador del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la SPDA, agregando que el nuevo proceso de formalización debería priorizar a los mineros que iniciaron su formalización en el 2012.

La superposición de derechos es otro tema que requiere una solución más integral, agrega la organización, ya que este problema es uno de los principales cuellos de botella para la formalización. Isabel Calle, Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental indica al respecto: «Consideramos que deben fortalecerse los procesos de gestión y ordenamiento territorial en aquellos departamentos de la Amazonía donde existe mayor presencia de minería informal y posibilidad de un desarrollo futuro de esta actividad».

Otras recomendaciones tienen que ver con la ampliación del plazo de las concesiones, la reevaluación del uso de maquinaria permitida en base a criterios técnicos, y el alejamiento del Ministerio del Ambiente (Minam) en los trabajos destinados a la lucha contra la informalidad e ilegalidad minera que destruye importantes espacios de biodiversidad.

Finalmente, la SPDA hace énfasis en que no se debe permitir la impunidad a los delitos de minería ilegal. «Una de las principales preocupaciones de la nueva regulación está vinculada a la impunidad que genera el régimen de exención de responsabilidad penal para el caso de minería ilegal», explica Lenin Valencia.

Como indica la norma, no será considerado ilegal aquel minero en proceso de formalización que no haya conseguido la autorización final por culpa de algún funcionario.

Revisa las diez recomendaciones aquí: https://goo.gl/WuqHKH

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(TCP)