MINERÍA. La empresa minera Pan American Silver Huarón propone la colocación de una nueva línea de transmisión en la unidad polimetálica de Huarón (Pasco).

A través de un informe técnico sustentatorio, se considera el incremento de potencia de suministro de la energía eléctrica de 10.5 megavatios a 15 megavatios para beneficiar a las operaciones mineras.

A fin de generar condiciones operativas más beneficiosas, la minera señala que el cambio de 22.9 KV a 50 KV contribuye a la optimización del sistema, debido a que la línea de mayor tensión (50 KV) tiene mejor performance y menores pérdidas que la línea de 22.9 KV.

El monto de inversión por estos cambios llega a los US$ 2.9 millones. Las obras durarán más de siete meses.

Para este 2015, los gastos de la empresa se estiman entre US$ 8 y US$ 10 millones, y comprenden expansión de depósito de relaves, perforación diamantina, ductos de ventilación y equipo minero y mantenimiento de equipos.

Fuente: Gestión

FISCALIZACIÓN. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la oficina de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, realizó un mega operativo de interdicción en el sector de Pampa Blanca, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno, lográndose destruir motores, campamentos, chutes y otros insumos usados por dicha actividad ilícita.

Esta acción se realizó dentro de las actividades de remediación de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, como consecuencia de la contaminación a causa de la minería ilegal en la zona.

La indicada labor, que se prolongó por más de doce horas, estuvo a cargo del Alto Comisionado de dicha dependencia, Antonio Fernández Jerí, y contó con la participación de Fiscales Especializados en Materia Ambiental (FEMA) y de la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente, quienes participaron con más de 1900 efectivos.

También participaron en las acciones miembros de la Fuerza Aérea del Perú, Procuradores del Ministerio del Interior, así como representantes del Ministerio de Energía y Minas.

Al término del operativo, el balance obtenido fue la destrucción de 22 motores de gran potencia y capacidad, 17 chutes, 3 campamentos, 3100 galones de combustible, 500 galones de aceite, 8100 metros de manguera, 1015 metros de alfombra, entre otros insumos utilizados por la minería ilegal.

En ese sentido, el Alto Comisionado ratificó el compromiso del Gobierno en continuar con la tarea de combatir la minería ilegal, “con el objetivo de proteger a la población más afectada que sufre las consecuencias de esta ilícita actividad”, afirmó.

Se conoce que la minería ilegal en el Sector Pampa Blanca extrae agua con moto bombas de la Laguna Sillacunca. El río Ramis se origina con los reboses de las lagunas La Rinconada y Sillacunca. En ese sentido, desde Pampa Blanca parte la contaminación que afecta el ecosistema de la Cuenca del Ramis, afluente principal del lago Titicaca, que aporta casi el 40% del total de la escorrentía que ingresa al Lago.

Fuente: Andina

MINERÍA. La sociedad civil y las autoridades de la Oroya, en la región Junín, invitaron a la empresa privada para que inviertan en el reflotamiento del complejo metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza, las cuales se encuentran cerrados desde hace más de 6 años.

El alcalde provincial de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo, afirmó que en la actualidad el complejo metalúrgico, que estaba a cargo de la empresa Doe Run, es administrada por los acreedores, quienes están depositando el 50 por ciento de los sueldos de 1,200 trabajadores.

«Nos hay concentrados para poder refinar, o sea que todos los trabajadores están en la calle, pero reciben el 50 por ciento de su remuneración. Y eso lo paga la empresa Doe Run», manifestó Arredondo en declaraciones a la Agencia Andina.

Recordó que el complejo metalúrgico está paralizado hace más de 6 años en vista de que se encuentra en proceso de liquidación, así como un proceso de venta internacional para buscar reflotar la empresa.

Arredondo informó que esta tarde se reunirá con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, donde se daría a conocer la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) para poder invitar a los inversionistas a concursar en la licitación para la administración del complejo metalúrgico.

«Nosotros en La Oroya tenemos puertas abiertas a la inversión privada para que puedan invertir con responsabilidad ambiental, social, laboral en la zona», expresó.

El burgomaestre anunció que el día lunes se convocará a junta de acreedores para que se modifique todo el cronograma final del 4 de agosto, que es la fecha en que se anunciaría el nombre de la empresa que pasará a manejar dicho complejo metalúrgico.

«Pero el temor es que si a fines de agosto no tenemos un nuevo propietario pasará el complejo metalúrgico a una liquidación simple. Eso significa adiós trabajadores y con eso hablamos el fin de La Oroya», argumentó.

Manifestó que desde que cerró el complejo metalúrgico, la economía de la población de La Oroya se perjudicó enormemente y que de una población de 70,000 ahora son algo de 40,000 los habitantes que aún quedan en la zona.

«La pobreza ha crecido, los negocios están cerrando, el desempleo es alarmante, porque el complejo metalúrgico es la principal fuente económica de La Oroya», indicó.

Fuente: Andina