Nelson Shack, excontralor general de la República, afirmó que “las economías ilegales se están convirtiendo en el cáncer más importante que afecta el tejido social”.
Las economías ilegales han ganado más espacio en el país y se estima que para este año moverán en conjunto US$ 12.645 millones. La principal es, lamentablemente, la minería ilegal de oro, que movería US$ 6.840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Así lo dio a conocer Diego Macera, director del IPE, durante la conferencia “Economía Ilegal: del problema a la política pública”, realizada en la Universidad del Pacífico.
Además, según Macera, en una encuesta realizada por Ipsos en agosto de este año, el 45 % de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, solo después del Congreso.
Al referirse específicamente al oro, Macera anotó que los nuevos precios han hecho más rentable la actividad pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que el precio, que hoy bordea los US$ 2.700 la onza.
“En los últimos 20 años el precio del oro se ha multiplicado por 10. Eso nos da una idea del margen de incentivo para una actividad. Son márgenes enormes que empiezan a penetrar en otros tipos de minerales, como el cobre de extracción ilegal”, dijo.
Macera también resaltó que el Perú es un productor importante de oro a nivel de la región, pues produce cerca de la mitad de oro total con un destino bastante diversificado como India, Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido.
Minería ilegal
Sobre la minería ilegal, Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública, presentó el Informe de la Escuela de Gestión Pública de la UP, señaló que ha evolucionado bajo los términos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“El espacio que aprovecha la minería ilegal es otra oportunidad de la indefinición normativa que lo lleva a camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde también tenemos población con altos niveles de vulnerabilidad y que buscan oportunidades de desarrollo. El Estado debe ser esa fuente para poder proveer esos espacios y no las actividades ilegales”, sentenció.
Por su lado, Nelson Shack, excontralor general de la República y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, afirmó que “las economías ilegales se están convirtiendo en el cáncer más importante que afecta el tejido social”.
“Las estimaciones cuantitativas arrojan que el año pasado se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6.400 millones. Las economías ilegales capturan áreas sensibles del Estado que emiten regulaciones y se vuelven cada vez menos ilegales. Ha pasado con el caso del Reinfo”, explicó.
En ese sentido, anotó que en el 2026 el Perú tendrá la elección más compleja del último siglo al tener que elegir a 13.200 autoridades pues, por primera vez en muchos años, se tendrá una elección nacional, regional y local junta que, probablemente, le cueste al Estado más de US$ 1.000 millones en implementación.
“La cantidad de recursos que se va a mover para financiar todas esas campañas electorales va a ser un espacio natural. Si no nos ponemos las pilas como nación todos los actores, podríamos tener después una serie de problemas en la captura del Estado en sus áreas más sensibles”, concluyó.
