ENERGÍA. Energías renovables ganan protagonismo en matriz energética de Latinoamérica. Los reportes anuales de consumo energético en América Latina y el Caribe son alentadores. En Brasil, la mayor economía de la región, el 81% de la electricidad es producida a partir de energías renovables. En Paraguay, Uruguay y Costa Rica, esa proporción llega casi al 100%. Y en muchos otros países vecinos más de la mitad del consumo eléctrico es atribuible a las energías limpias. En comparación, Alemania, «la nación de las energías verdes», sólo genera el 29% de su electricidad a partir de fuentes renovables.
«La nuestra es la zona del mundo con la mayor proporción de energías renovables en su mezcla de electricidad», sostiene Alfonso Blanco Bonilla, director de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), agregando que el aprovechamiento de la fuerza del agua en el subcontinente tiene una larga tradición: «Por sí sola, la energía hidráulica provee el 44 por ciento de la electricidad en la región». No obstante, cabe destacar que la electricidad sólo representa aproximadamente el 20% de la mezcla de energía de un país.
Los pecados de la energía hidráulica.
La energía generada por el petróleo y el gas también juegan un rol importante en los países latinoamericanos. Por otro lado, también es necesario considerar las críticas de las que es objeto la celebrada sustentabilidad de la energía hidráulica: las gigantescas represas que la producen desplazan a pueblos enteros de sus territorios –incluidos los de los habitantes originarios del continente–, alteran el curso de los ríos y perjudican no uno, sino varios ecosistemas simultáneamente. La presunta «neutralidad climática» de esos diques está en entredicho. Así lo informó AméricaEconomía.
Los reproches del movimiento ambientalista parecen caer en oídos sordos. Son sobre todo los países pequeños con economías débiles los que han invertido en la producción de energía hidráulica. La razón: la abundante disponibilidad de recursos acuíferos les permite independizarse en términos energéticos. Por su parte, Estados con finanzas más fuertes –como Chile, Argentina y México– se habían negado, hasta ahora, a subvencionar el desarrollo de las nuevas tecnologías necesarias para producir electricidad con base en el viento o la luz solar.
Compitiendo con el carbón y el gas.
Según Bonilla Blanco, algunos Gobiernos latinoamericanos y caribeños prefirieron esperar a que los precios del mercado fueran lo suficientemente atractivos como para que los inversionistas privados llevaran los progresos tecnológicos a sus respectivos países. Este fenómeno ya se ha registrado en varios países. «La innovación debe dar frutos económicos. Si no lo hace, es muy difícil que en la región tenga lugar un cambio de mentalidad de cara a la tecnología», explica el director de OLADE, subrayando que ha habido movimiento últimamente.
En América Latina y el Caribe, el precio promedio del megavatio/hora producido con energía solar se acerca al del carbón y el gas; y en algunos países ya está por debajo de esa marca. Las inversiones en la industria fotovoltaica crecen año tras año; SolarPower Europe, la federación europea de las empresas de ese sector, estima que sus capacidades se cuadriplicarán en 2018, en comparación con el desempeño exhibido dos años antes. Adnan Z. Amin, jefe de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), secunda ese augurio.
Los obstáculos: la excesiva burocracia y la inestabilidad estatal.
«Las capacidades instaladas –sin considerar la energía hidráulica– se han multiplicado entre los años 2006 y 2015, de 10 gigavatios a 36 gigavatios. En cifras absolutas, el aumento más grande se ha registrado en los ámbitos de energía eólica y de biomasa», señala Amin. Sin embargo, el golpe de timón es bastante lento en países tan disímiles como Bolivia, Colombia, Venezuela y ciertos Estados insulares del Caribe. El fomento de las tecnologías y las inversiones depende muchas veces de la burocracia y de la estabilidad estatal.
En ese sentido, advierte Bonilla Blanco, algunos países siguen mostrando déficits. En otros Estados, la situación es más esperanzadora. Como muestra, Argentina: ya en 2016 se planeaba invertir 2.000 millones de dólares en energía eólica, solar y de biomasa hasta 2025. Eso le permitiría a la nación sudamericana ahorrarse cerca de 300 millones de dólares en importación de petróleo y evitar la emisión de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Chile también piensa sacarle provecho al potencial fotovoltaico de su desierto de Atacama.
México, por su parte, tiene previsto redoblar la producción de energía renovable en el curso de la próxima década, sin incluir el desarrollo de energía hidráulica.
*foto referencial
(BQO)
