El abogado y excongresista Martín Belaúnde afirmó que privatización de Petroperú no podría llevarse a cabo, a menos que el Congreso apruebe una ley al respecto.
El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, reafirmó su propuesta de que la estatal petrolera debe negociar con sus acreedores un programa creíble de pagos observado por Indecopi, el cual podría llevar a una reestructuración empresarial o una liquidación en marcha.
«Si se contrata a una empresa para que maneje la administración de Petroperú, manteniendo al Directorio, o sí se decide privatizar, esto requiere un tiempo. Requiere un proceso de competencia para que sea transparente, considerando un periodo entre 18 y 24 meses», indicó.
Gutiérrez explicó que, «durante ese plazo, Petroperú debe buscar cómo saldar sus deudas vencidas por US$ 2.000 millones y US$ 340 millones para pagar entre junio y diciembre. Ante tal situación, la estatal debe recurrir a sus acreedores».
Por otro lado, afirmó que actualmente el país puede prescindir de Petroperú, considerando que los activos que posee (Refinería Iquitos y Conchán) no cuentan con la especificación exigida por el mercado y por lo cual no pueden seguir operando, siendo la Refinería Talara y el edificio de San Isidro los activos más importantes.
«En la amazonia se vende el combustible a precio preferencial. Prefiero que se subsidie ese precio preferencial y que lo pueda vender cualquiera de los 4 actores que hay en el mercado. Que se abastezca las estaciones de servicio en determinadas condiciones, en vez de estar manteniendo algo que es inviable», dijo.
En este sentido, Gutiérrez sostuvo que, desde el 2017 hasta la actualidad, el Estado ha desembolsado a Petroperú un total de US$ 4.000 millones, incluyendo aumentos de capital, préstamos y garantías.
Por su parte, el abogado y excongresista, Martín Belaúnde señaló que al ser Petroperú una empresa de accionariado único del Estado, no podría llevarse a cabo la privatización, a menos que el Congreso de la República no apruebe una ley especial al respecto (Decreto Legislativo 1031).
Además, manifestó que la decisión torno al futuro de Petroperú no debe interrumpir la comercialización y el abastecimiento de combustible en el Perú.
