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Agua y saneamiento rural: Prácticas de responsabilidad social sostenibles en el sector Minero

OPINIÓN. Agua y saneamiento rural: Prácticas de responsabilidad social sostenibles en el sector Minero

Por: Eco. Fernando Romero Neira

La importancia del sector minero en el crecimiento económico en Perú es incuestionable. Durante el 2017, las exportaciones mineras aportaron con el 60.6% al valor total de las exportaciones, contribuyendo de manera importante a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con los que Perú está comprometido, entre ellos el Objetivo 6, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, de ahí la importancia de complementar con los seis ejes de la Política Nacional en agua y saneamiento del Estado peruano en el cierre de estas brechas en el ámbito rural, espacio natural para el desarrollo y la explotación minera, comenzando con las prácticas de responsabilidad social empresarial y bajo el principio de subsidiariedad (que en nada tiene relación con el concepto de “subsidio”).

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009, aborda el concepto de subsidiariedad como un “criterio de organización de la actividad pública según el cual el Estado no debe hacer lo que puede hacer el sector privado o la sociedad y, dentro del Estado, el nivel más alto de gobierno no debe hacer lo que puede hacer un gobierno sub nacional (regional o municipal)”, en esta cita textual rescatamos el nivel de articulación y coordinación que debe existir entre el Estado y el sector privado en el afán de construir el desarrollo.

Según el documento “Política Nacional de Saneamiento”, al año 2016, en el ámbito rural se tenía 3.4 millones de habitantes sin acceso a sistemas de agua potable y 8 millones sin sistemas de saneamiento, con evidentes impactos negativos en diversos indicadores sociales; al respecto, el informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017 alcanza algunas estadísticas: en el ámbito rural la desnutrición crónica infantil al 26.5% (el triple respecto al dato urbano), la prevalencia de la anemia (entre los 6 y 59 meses de edad) con el 41.4% y la diarrea en menores de cinco años con el 11.8% (eventos registrados durante las dos semanas previas a la encuesta); esta realidad termina impactando, en el corto y mediano plazo, en indicadores de educación e inclusive productivos con altos costos sociales en el largo plazo.

Las empresas mineras en Perú tienen políticas establecidas que definen sus prácticas socialmente responsables en diversos temas, entre ellos en agua y saneamiento rural, y son conscientes que va más allá de la simple implementación de proyectos de infraestructura con tecnologías apropiadas y sostenibles para cada realidad en sistemas de agua, desde las captaciones hasta su distribución a nivel de cada vivienda y de la instalación de baños con sistema de eliminación de excretas; sin embargo, la infraestructura y el equipamiento apropiados son apenas el medio para lograr el objetivo principal de cada una de estas intervenciones, el “Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles” (PP 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural).

El concepto de sostenibilidad en los servicios y sistemas de agua y saneamiento rural es amplio y complejo en sí mismo, entendiéndolo como el “funcionamiento eficiente de la infraestructura a lo largo de toda su vida útil y sin dañar el ambiente, [para lograr esto] contribuye de manera sustantiva una población sensibilizada y empoderada que valora la importancia del acceso y uso de estos servicios, por lo tanto organizada y comprometida para brindar una prestación con calidad a través de una adecuada gestión, operación y mantenimiento de estos sistemas, financiada con las cuotas de los usuarios, dentro de un proceso de permanente asistencia técnica y financiera desde las entidades de gobierno involucradas con el sector” .

Las estadísticas del sector (MVCS – PNSR) muestran que actualmente alrededor del 25% de estos sistemas de agua ha colapsado y requiere ser reemplazado, este deterioro en muchos casos no solamente responde a la antigüedad de la infraestructura y equipamiento ya que también se presenta a los pocos años de su construcción, esto es atribuible a la deficiente y en varios casos ausente gestión por parte de las organizaciones comunales (comúnmente llamadas JASS), donde el 84.7% es calificada como “Regular”, concepto de amplia interpretación que en definitiva expresa la insatisfacción por el servicio.

Asimismo, por la débil asistencia técnica del gobierno local desde sus respectivas Áreas Técnicas Municipales – ATM (Órgano de línea), se observa que si bien el 97.4% de gobiernos locales rurales tiene sus ATM debidamente instaladas, apenas el 54.9% de estas cuenta con presupuesto institucional asignado, o sea una de cada dos municipalidades rurales en alguna medida podría cumplir, en el mejor escenario, por lo menos parcialmente, con sus funciones respecto al agua y saneamiento rural, como son el monitoreo, la supervisión, fiscalización, asistencia técnica y capacitación a las JASS que prestan los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

Revertir estas estadísticas, consecuencia fundamentalmente de débiles procesos institucionales que pesan sobre la población rural, sumida en el complejo concepto de pobreza, exige que las intervenciones con proyectos de agua y saneamiento rural tengan un carácter integral, entendiendo la integralidad más allá del clásico concepto que suma los componentes “infraestructura y social”, dentro de un cronograma articulado en las etapas del “antes, durante y después de la obra”; la integralidad que aquí planteamos abarca inclusive el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades en el gobierno local y su ATM, como su órgano de línea en el tema, al Establecimiento de Salud para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y a la Institución Educativa donde asisten los niños del centro poblado. Solo en estos términos y condiciones se estará garantizando la cobertura universal del agua y saneamiento rural de calidad y sostenible.

(Foto referencial)

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