La tragedia vuelve a golpear a la región La Libertad. Los 13 mineros secuestrados el pasado 26 de abril en el distrito de Pataz fueron hallados sin vida dentro de un socavón por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El hallazgo, en condiciones que evidencian un acto de extrema violencia, conmocionó a la comunidad y generó una fuerte reacción a nivel nacional.
De acuerdo con familiares de las víctimas, los trabajadores habrían sido asesinados con disparos. Lo más alarmante es que este crimen ocurrió en plena vigencia del estado de emergencia en la provincia, una medida que contempla la presencia de fuerzas policiales y militares para enfrentar la inseguridad y la minería ilegal. Sin embargo, dicha estrategia no logró evitar esta masacre.
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Diversas organizaciones de derechos humanos y representantes del sector minero han condenado lo sucedido, exigiendo una respuesta firme del Gobierno frente a la creciente violencia en zonas mineras. La mina Poderosa, donde presuntamente laboraban las víctimas, ya había denunciado ataques, amenazas y otros actos delictivos vinculados a mafias de minería ilegal.
Este nuevo caso reabre el debate sobre la efectividad del estado de emergencia como herramienta de control y seguridad. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos exigen justicia, protección y acciones concretas para evitar que crímenes como este se repitan en el Perú profundo.
