El analista político Iván Arenas sugirió como propuesta de solución que la Defensoría del Pueblo mejore la metodología para su informe de conflictos sociales e incorpore el análisis de intereses de los actores en el conflicto.
En el primer día de Rumbo a PERUMIN “Desafíos de la Gestión de la Conflictividad Social”, Iván Arenas, analista político e investigador, dio a conocer algunas variables que explicarían la generación de conflictos sociales en el Perú, que afectan también el desarrollo de importantes proyectos y operaciones mineras en el Perú.
Por ello, Arenas inició diferenciando los conflictos sociales de aquellos conflictos “ideológicos y rentistas”, los cuales utilizan demandas que pueden ser legítimas y legales para devenir en acciones de chantaje que tienden a utilizar la violencia.
En ese sentido, advirtió que este tipo de conflictos con fines principalmente económicos son incentivados por redes vinculantes que operan en distintas partes del país, especialmente en la zona sur.
“Las redes vinculantes son redes de asesores y abogados repartidos, sobretodo, en el sur del Perú”, señaló Arenas.
“Pueden ser ideologizadas o simplemente dedicadas al chantaje, nunca llegan a un acuerdo con las empresas porque no les conviene, hay una alianza tácita entre ellas, tienen llegada a medios de comunicación, y empiezan casi siempre por una demanda legítima y al final se torna en una forma de chantaje”, agregó.
En su participación advirtió sobre algunas redes vinculantes que han sido identificadas, como las que mencionamos a continuación:
- Red “rentista” Chávez Sotelo en Apurímac
- Red “rentista-ideológica” Familia Quiroz en Ayacucho sur – Chalhuahuacho
- Red “rentista-ideológica” Abog. Ovalle, Ing. Oto Hitto en Apurímac, Moquegua y Valle del Tambo
- Red “ideológica” Conulp en Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa
- Red “ideológica” Conacami en Puno, Arequipa, Cusco y Moquegua
- Red “ideológica” Plataforma de afectados y ONG’s en Cusco, Puno, Pasco y Arequipa
- Y el Fenate-Movadef, considerado un nuevo movimiento de Sendero Luminoso, que opera en Sicuani, Puno, Abancay y Andahuaylas, lo cual pone en riesgo a los proyectos mineros que están en el corredor minero del sur.
Además de haber identificado a estas redes vinculantes, Arenas añadió que se ha detectado su modo de operar y promover conflictos.
Arenas indicó que “los actores hacen una demanda, procede a politizarse, se fortalece a través de redes sociales, medios locales y asociaciones, luego vienen las negociaciones con el Estado, empresa, comunidades”.
“En medida de que avance o no la negociación vienen las medidas de fuerza, los medios toman la noticia de un lado y la difunden. Finalmente, los demandantes juegan con la percepción de que somos David contra Goliat. Después de eso, viene un acuerdo paliativo, y aparece otra demanda en un mes o dos meses, no necesariamente en esa comunidad, sino en otra”, anotó.
En otro momento, el analista político sugirió como propuesta de solución que la Defensoría del Pueblo mejore la metodología para su informe de conflictos sociales e incorpore el análisis de intereses de los actores en el conflicto. Asimismo, que se observe con atención los casos de redes vinculantes ya identificadas y se potencie la promoción de los beneficios de la minería moderna en las regiones del Perú.
