El Gobierno peruano anunció la suspensión de todas las actividades mineras en el distrito de Pataz, región La Libertad, por un período de 30 días, con posibilidad de prórroga. Esta medida busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona, con el objetivo de restablecer el orden y combatir la minería ilegal.
Durante este plazo, se procederá a la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos mineros que se encuentren en condición de suspendidos. El REINFO es un registro creado en 2016 para formalizar a los mineros artesanales e informales, eximiéndolos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal mientras culminan su proceso de formalización.
Ante esta medida, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), saludó la medida adoptada por el Ejecutivo, pero expresó su preocupación por la posibilidad de que se extienda nuevamente el plazo del REINFO y pidió no incluir a los formales en dicha suspensión.
«Debo entender que la suspensión de actividades mineras se refiere a aquellas de los mineros ilegales, no de las mineras artesanales, de la pequeña, mediana o gran minería que sí son formales y cumplan con las normas. No se tendría porque castigar al minero que cumple con las normas. Espero que ese sea el detalle que nos de el Ejecutivo, caso contrario nos perjudicamos todos», acotó.
Por otro lado, señaló que se espera «que no se siga extendiendo indefinidamente el proceso de formalización. La Ley MAPE debe servir para que los pequeños y medianos mineros conozcan sus obligaciones y derechos».
MILLONES ILEGALES
Cabe mencionar que la minería ilegal significa un costo para el país de S/ 22,700 millones, lo que representa el 2.5% del PBI. A ello, según un informe de la Fiscalía Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), en la provincia de Pataz es el punto de salida de 600 toneladas diarias de oro ilegal en el país.
