Durante este año, las principales mineras del hemisferio americano han experimentado un progreso inédito. Detrás de este hecho está la creciente demanda actual de minerales.
Como lo hicimos el año pasado, para el presente balance anual hemos considerado el análisis de las industrias mineras de ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos (EE.UU.) y México. Y aunque restan aún algunas semanas para que termine el 2024, podemos afirmar, sin duda, que ese balance de la evolución de ellas va a ser más que positivo.
Del análisis, un primer hecho a destacar es que, a diferencia del año anterior, el factor determinante de ese resultado ha sido fundamentalmente uno: las extraordinarias expectativas de incremento de la demanda de minerales que el actual proceso de transición energética global
generará a mediano y largo plazos.
Y es que, como se detalla en los artículos de este informe, tales proyecciones son las que han generado los tres hechos de terminantes del resultado final en azul: la notable consolidación y expansión de las industrias mineras que ya ostentaban posiciones de liderazgo global (Canadá y EE.UU.); la acelerada diversificación de la canasta de productos explotados (Argentina, Brasil y Chile) y el sustancial incremento de la cartera de proyectos mineros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile y EE.UU.
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Ciertamente, también se registraron otros que impidieron que esas mejoras señaladas se replicarán en todos los países comprendidos en el análisis. Concretamente, diversas medidas políticas destinadas a ‘reformar’ el marco normativo que regía la marcha de la industria.
Tales medidas, sin embargo, no alteraron el resultado final del balance. Primero, porque afectaron solo a países específicos (Bolivia, Chile, Colombia y México). Y segundo, porque, aunque ellas provocaron retrocesos en algunos registros de la marcha de las industrias de esos países, en general estas mantuvieron su dinamismo en el año.
Pero junto con el hecho positivo señalado, el análisis también mostró a subrayar, pero por su carácter negativo: la expansión de la minería ilegal, fundamentalmente la dedicada a la extracción aurífera.
Esta actividad, cabe señalarlo, no está directamente vinculada con las industrias mineras formales analizadas aquí. No obstante, existe abundante evidencia de que la aceleración de su explosivo crecimiento, registrada en el año, está teniendo graves consecuencias sociales, económicas, políticas, ambientales y de seguridad; y tanto para los países en que mayormente opera (Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú), como para sus sectores mineros formales.
ARGENTINA: DECIDIDO RETORNO A SUS ORÍGENES
La Argentina actual viene demostrando que está firmemente decidida a recuperar el reconocido sitial como país minero que tuvo en la América colonial.
Muestra evidente de ese empeño es lo ocurrido en la industria minera argentina en los últimos dos años, con sucesivos anuncios de yacimientos descubiertos, contratos para su explotación, inicio de proyectos y cifras estimadas de inversión en el sector al alza.
Ciertamente, la industria minera argentina había mantenido su aporte al PBI del país (hoy representa 4.5%), pese a las crisis económicas y políticas que ha sufrido en las últimas décadas. Y, aun que limitada a unas pocas iniciativas en algunos territorios provinciales, aceleró su dinamismo hacia finales del Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.
Pero desde que inició su Gobierno en diciembre del 2023, el liberal Javier Milei ha apostado decididamente por potenciarla no solo promoviendo la multiplicación de esas iniciativas, sino reformando el viejo marco económico y jurídico minero que tenía hasta entonces.
Incentivos para la inversión
De hecho, desde agosto ya puso en marcha el ahora denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que aplica para la minería y el resto de industrias. El RIGI, que deberá ser aprobado por los legislativos de las provincias, comprende beneficios impositivos,
aduaneros y cambiarios a proyectos en los que los ingresos, durante los primeros tres años de su desarrollo, no superen el 30 % de la inversión total.
Y estos se suman a los que ya contenía la Ley de inversiones mineras, emitida en 1993, como estabilidad fiscal por 30 años, deducción y devolución de impuestos, amortización acelerada de activos, entre otros.
Lea el informe completo en nuestra edición 168 de Rumbo Minero, aquí.
