Explicó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, tras referirse a la presentación del sistema inteligente de permisos y la evaluación ambiental 2.0
Días después de que el gobierno chileno anunciara el sistema inteligente de permisos y la evaluación ambiental 2.0, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, analizó las propuestas.
«La presentación de ambos proyectos son una respuesta seria a un problema que tiene un diagnóstico transversalmente aceptado: el sistema de autorización de nuevos proyectos y modificación de proyectos existentes, adolece en Chile de una seria de debilidades que necesitan solucionarse a la brevedad», indicó.
Para Villarino, el problema del sistema de permisos ocurre tanto en los que pasan por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los que pasan por Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los asociados a autorizaciones sectoriales.
Sobre el compromiso con el gobierno tras la aprobación del royalty, señaló que «estará saldado cuando veamos que los tiempos de tramitación de permisos se reduzcan al menos en un tercio».
Siendo la participación ciudadana una de las novedades para los proyectos, Villarino comentó que «mientras más participación ciudadana exista y sea más temprana, es más positiva, pero requiere ciertas precisiones».
«Una participación ciudadana en la que Estado no juega un rol importante, en la que los resultados no necesariamente contribuyen a facilitar, mejorar o darle una mejor eficiencia al proceso de evaluación, no es muy útil ni para la ciudadanía ni para las empresas. Puede transformarse en una etapa más que añade burocracia», sostuvo.
Para el titular del Consejo Minero, resulta preocupante el daño ambiental en el proyecto evaluación 2.0, esto tras haberse introducido una modificación denominada la carga dinámica de la prueba.
«Esto puede generar un instrumento de promoción de acciones irresponsables, porque quien las promueven en definitiva, podría verse eximido de toda responsabilidad a la hora de probar el daño que está alegando. La aplicación del convenio de Escazú en el sentido de facilitar el acceso a la justicia ambiental, es algo positivo, sin embargo existen otros mecanismos que solucionan este problema», dijo.
