La expansión sería de hasta 49% respecto de 2020, afectado fuertemente por la crisis sanitaria, pero la incertidumbre que hay en el país está provocando una ralentización para los próximos años.
El último reporte sectorial publicado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) al cierre del segundo trimestre reveló un importante crecimiento de la inversión minera en el país para este ejercicio. Y es que según el stock disponible a la fecha se presentaría una expansión de 49,7% en 12 meses, producto de las incorporaciones, ajustes y desplazamientos de inversiones derivados de la pandemia.
Efecto covid-19
El indicador se compara con el de 2020, que registró una caída real de 27,3% comparado con lo contabilizado el 2019, lo que obedeció fundamentalmente al efecto por el covid-19, por semiparalización, ralentización de iniciativas en construcción, retrasos en términos de ejecución y afectados parcialmente por medidas de confinamiento.
Desde la CBC comentan que se ha constatado un incremento significativo en la recuperación de empleos en la industria minera, una vez retomada la actividad después de los períodos más críticos de la pandemia.
“También se observa un mayor requerimiento de contratación minera asociada a la ejecución de proyectos de inversión del sector para la segunda mitad del próximo año, comparado con los registros del primer trimestre de 2021, donde Tarapacá, Antofagasta y Atacama son las que concentran mayoritariamente estos requerimientos de trabajos”, dice el gerente general de la CBC, Orlando Castillo.
No obstante, las mismas proyecciones adelantan que para 2022 la expansión sería de solo 1,4% comparado con un año antes, dando cuenta de un dinamismo más acotado de la inversión en minería, con un monto total por sobre los US$ 7.000 millones, aunque los niveles de inversión proyectados para el período 2021 y 2022 son relativamente altos comparados con la historia reciente.
En detalle, dicha cantidad se explica principalmente por los desembolsos comprometidos desde el sector privado, empresas que invertirán del orden de los US$ 5.100 millones, quedando el resto en manos del gasto estatal.
“El año 2020 tuvo una disminución significativa por efecto de las detenciones de proyectos por la pandemia y una buena parte de esa inversión se trasladó especialmente para este año. Para 2023, en adelante, sí se detectan brechas importantes para mantener los niveles de inversión actuales, esto principalmente debido a que la reposición de grandes proyectos greenfield es menor y gran parte de los proyectos de ampliación o adecuaciones a nuevos esquemas productivos ya se están ejecutando”, agrega Castillo.
Incertidumbre en el sector
Estas cifras se dan a conocer en medio del auge por el que atraviesa el precio del cobre, que pese a que vive períodos de mucha volatilidad, cuenta con un promisorio futuro en el mediano y largo plazo, impulsado por la electromovilidad y el desarrollo de las energías renovables, que incluso ha llevado a algunos expertos a hablar de un nuevo súper ciclo, lo que no genera consenso en la industria.
No obstante, a nivel local, las propuestas de crear un nuevo royalty y la discusión constitucional han generado incertidumbre en el sector, y ya han sido varias las empresas que han anunciado que sus planes de expansión serán estudiados dependiendo de los cambios normativos.
Desde la Sonami agregan que existen múltiples factores que explican este estancamiento, entre ellos, la crisis sanitaria, las medidas de confinamiento y la crisis económica generada por el covid, pero advierten que “no cabe duda de que la situación política y social que vive el país no constituye un escenario favorable a la inversión”, indica el presidente del gremio minero, Diego Hernández.
“Ya ha habido señales de algunas mineras en cuanto a posponer decisiones de inversión a la espera de lo que ocurra con el proyecto de royalty y el tema constitucional. En resumen, la incertidumbre política nos está jugando en contra”, agregó.
El también expresidente de Codelco recuerda que la industria minera local cuenta con una interesante carpeta de proyectos de inversión, pero destaca que para su concreción es clave la seguridad jurídica.
“En un escenario en que se estudia la aplicación de un royalty minero, a lo que se agrega la elaboración de una nueva Constitución y elecciones presidenciales con un resultado incierto, no cabe duda que no constituyen señales alentadoras para los inversionistas”, advierte Hernández.
Fuente: El Mercurio
