El Decreto Supremo No. 033-2011-EM, con el que se suspendió los petitorios mineros en la región Puno, hoy vence su vigencia y se da carta libre para las nuevas concesiones mineras, convirtiéndose en una situación adversa para los dirigentes que enarbolaron las protestas sociales en mayo y junio del 2011.

“Nosotros hace un mes hemos enviado un memorial a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas, solicitando la ampliación de vigencia del Decreto Supremo No. 033-2011-EM, estamos esperando la respuesta”, señaló Hermes Cauna Morales, presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la zona Sur.

Dijo, que el jueves tiene programado una reunión con el procurador del Ministerio de Energía y Minas, en el que también participará el parlamentario Yonhy Lescano Ancieta, para abordar el tema de las concesiones mineras, que en el 2011 desencadenó violentas protestas.

Paralelamente, las poblaciones de las provincias de Chucuito, El Collao y Yunguyo, se reunirán para evaluar las acciones a tomar, en caso de que el Gobierno no ponga su predisposición para dialogar con los aymaras y dar una salida viable al problema de las concesiones mineras.

EL AYMARAZO

La gesta social del aymarazo, liderado por ex dirigente aymara Walter Aduviri Calisaya, se inició el 9 de mayo del 2012, con el bloqueo de la carretera Binacional y el cierre del puente internacional de Desaguadero, con el cual quedaron paralizadas las provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo.

Este hecho social fue en rechazo a las concesiones mineras, entre ellos, la concesión de Santa Ana, que según los pobladores de los distritos de Huacullani y Kelluyo, la explotación de reserva de plata por parte de la empresa canadiense Bear Creek, era contraproducente para una población dedicada únicamente a la actividad pecuaria.

En esa oportunidad se cuestionó la concesión de Santa Ana, y exigieron al gobierno de Alan García, la derogatoria del Decreto Supremo No. 083-2007-EM, con el cual se otorgó la concesión a la empresa canadiense Bear Creek.

Las violentas protestas no cesaron, hasta que el 26 de mayo del 2011, se desencadenó el saqueo y la quema de locales públicos como Aduanas y la Gobernación, estos hechos motivaron a que el gobierno derogara el decreto supremo en discordia y la posterior suspensión de nuevas concesiones mineras.

Sin embargo, después de tres años las cosas parecen haber vuelto como en un inicio, primero que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante un fallo en fecha 12 mayo, le devolvió a la empresa Bear Creek la concesión de Santa Ana, ahora la suspensión de nuevas concesiones mineras por 36 meses, igualmente feneció.

CONCESIONES MINERAS

De acuerdo a los reportes del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, actualmente en la región Puno existen 4 mil 473 concesiones sobre 2 millones 520 mil 025 hectáreas, de los cuales el 80% son metálicas y el 20% no metálicas.

Dentro de las concesiones mineras, 2 mil 954 concesiones se encuentran tituladas; 433 en trámite; 1006 extinguidos, porque los titulares no pagaron el derecho de vigencia; y 80 se encuentran en abandono, los que fueron declarados improcedentes.

Las provincias donde mayoritariamente hay concesiones son: Azángaro, San Román, Lampa, Melgar, Carabaya, Sandia, Putina y Puno.

Las empresas que tienen mayor número de concesiones en Puno son: BHP Billington World Exploration Sucursal Perú, Newmont Perú, Solex Perú, Compañía de Minas Buenaventura, Global Gold, Camper Exploraciones, Compañía de Exploración Orión, Minera Peñoles de Perú, Consorcio Aurífero de Puno, Minera Antamina, Minera Macusani y Southern Perú Cooper Corporation Sucursal del Perú.

Fuente: Los Andes