La minera ha aclarado que estos hechos son un acto ilícito que tiene como objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal.
Ayer el campamento del proyecto de exploración Azuca (ubicado en Antabamba, Apurímac) de Compañía Minera Ares fue quemado y destruido por un grupo de mineros ilegales del grupo “Uchuro”.
Según informó Ares, este acto de violencia se hizo luego de que este grupo de ilegales expulsaran previamente a la fuerza al personal de Ares que se encontraba resguardando el citado proyecto.
Tras ello, la minera solicitó el apoyo a la comisaría de Totoro Oropeza y apenas siete efectivos se dirigieron al lugar para constatar lo ocurrido.
Camino al campamento, los policías encontraron la carretera bloqueada por grandes rocas que obstaculizaban el tránsito vehicular. A su llegada al proyecto, actualmente en inactividad y que no había reportado conflictos anteriormente, los efectivos confirmaron que todos los ambientes del campamento habían sido saqueados y quemados, así como la garita de control de acceso.
La empresa minera ha aclarado que estos hechos no forman parte de un conflicto social, sino que son un acto ilícito cuyo objetivo es tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal.
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De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal está presente en más de 13 regiones del país, ocasionando pérdidas materiales y económicas para las empresas formales, poniendo en riesgo la vida de los peruanos aledaños a las zonas afectadas y contaminando ecosistemas.
La minera Ares, además de presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía, ha informado a las demás autoridades competentes como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), OEFA y Osinergmin.
Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de estos hechos delictivos.
“Es hora de que el Gobierno de Castillo, que es el encargado de hacer respetar las normas y de velar por el respecto al estado de derecho, actúe con firmeza y tome las acciones necesarias para garantizar que las inversiones formales, que dan trabajo y beneficios al Estado por medio de los impuestos y que sí se preocupan por el medio ambiente y las condiciones para un trabajo seguro, puedan desarrollarse sin temor a ser objeto de atropellos como el ocurrido en el proyecto Azuca, así como en otros proyectos y minas en operación”, puntualizó la mina.
