La Defensoría del Pueblo señaló que unas 19,000 personas estarían afectadas en su salud por la contaminación producto de los pasivos ambientales mineros.
Un tribunal peruano ordenó al gobierno declarar en emergencia ambiental la ciudad andina de Huancavelica y dictar medidas para reparar el daño causado en los pobladores expuestos a metales pesados a causa de la minería, informó el viernes el Poder Judicial.
«Se ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros para que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Dirección General Ambiental, emitan la declaratoria de emergencia ambiental en Huancavelica», indicó la Corte Superior de Huancavelica en su sentencia.
Añadió que «la exposición permanente a metales pesados (mercurio, arsénico, plomo) está ocasionando graves efectos e impactos en la salud y la vida de las personas y en su entorno ambiental en la ciudad de Huancavelica y la comunidad de Sacsamarca».
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La Defensoría del Pueblo señaló que unas 19,000 personas estarían afectadas en su salud por la contaminación producto de los pasivos ambientales mineros.
Dicha situación «requiere la acción inmediata sectorial a nivel local, regional y nacional», subraya el fallo que insta a las autoridades a elaborar un plan de remedición. El gobierno aún no se ha pronunciado.
Huancavelica, hoy una empobrecida región andina a 420 km al sureste de Lima, fue en su momento una de las regiones más ricas de Perú de la mano de la explotación minera hace 400 años.
Emergencia ambiental
El origen de la contaminación se remonta a la época en que Perú era colonia de España (siglos XVI-XIX), por las operaciones de extracción de mercurio de la mina Santa Bárbara, ubicada en Huancavelica.
Santa Bárbara llegó a ser una de las minas de mercurio más importantes del planeta, pero se hizo famosa por el sobrenombre de «mina de la muerte» debido a la alta tasa de mortandad entre sus trabajadores.
El gobierno regional de Huancavelica la postuló este año en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, en busca de atraer turistas.
El yacimiento funcionó hasta la década de 1970 cuando se cerró dejando una estela de pasivos ambientales.
La Defensoría del Pueblo, que impulsa el caso, saludó la sentencia y adivirtió que se mantendrá vigilante de la reacción del gobierno para el cumplimiento de la sentencia.
La decisión judicial responde a un proceso iniciado en 2021 por la comunidad campesina de Sacsamarca, que pedía declarar en emergencia ambiental su localidad en base a informes técnicos que denunciaban elevados niveles de plomo, arsénico y mercurio en el suelo y aire.
