Para el titular del IIMP, «el problema no pasa por más impuestos, sino es una mejor gestión pública».
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, señaló que con el impulso de la cartera de proyectos mineros, se podría reducir la pobreza monetaria en el país a una cifra cercana al 10% de la población.
“Esta es una manera clara y concreta de definir la rentabilidad social. No se trata de transferir fondos, sino crear capacidades. Caso contrario, transferir dinero, crear peajes e incrementar impuestos no necesariamente va a reducir la línea de pobreza”, apuntó en una reciente presentación virtual en la Cámara de Comercio Peruano – Chilena.
En el evento expuso sobre “la rentabilidad social”, un concepto puesto en la agenda nacional por el gobierno, que alude al nuevo modelo de promoción de inversión de proyectos en el país.
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Al respecto el titular del IIMP indicó que este es un término que el sector minero formal ya viene aplicando desde hace algún tiempo. “No necesitamos ponerle un rótulo, pero sí señalar que generamos empleo local, desarrollo, operamos con altos estándares ambientales, y pagamos impuestos, que permiten solventar el crecimiento nacional y el desarrollo local”, refirió.
Gobitz explicó que, desde la mirada del sector minero peruano, la rentabilidad social se lograría si se pone en valor el actual portafolio de proyectos mineros en el Perú (valorizado en alrededor de 60 mil millones de dólares) al año 2031, a través de consensos entre los distintos actores.
Indicó que otro de los beneficios de poner en marcha los emprendimientos mineros en cartera serían un mayor impacto en términos de eslabonamiento productivo con otros sectores económicos, el cual se duplicaría en la próxima década.
“Al año 2020 -2021 las compras del sector minería a proveedores nacionales llegan a 10 mil millones de dólares. Si desarrollamos esta cartera de proyectos al 2031 estas compras alcanzarían los 24 mil millones de dólares”, explicó.
Gestión pública
En otro momento de su ponencia, el presidente del IIMP lamentó que exista actualmente un problema de gestión pública. «Y un claro ejemplo de ello son los 520 millones de soles quedaron en el aire en San Marcos en el 2020».
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El proceso de regionalización, en palabras de Gobitz, no transfirió capacidades y eso se transformó en actos de corrupción. Así, «el problema no pasa por más impuestos, sino es una mejor gestión pública».
«Hoy en Perú y Chile erróneamente se debate aumentar los impuestos a la minería. Eso significa perder competitividad. La raíz del problema no está ahí. Tenemos que lograr que el sector privado jale al público para mejorar la eficacia del gasto», finalizó.
