HIDROCARBUROS. Petroperú gastó 400 millones de soles para atender atentados al Oleoducto. La semana pasada, el directorio de Petroperú acordó declarar en emergencia a la estatal hasta que se logre garantizar la seguridad e integridad del Oleoducto Nor Peruano, que una vez más había sido dañado por terceros originando un nuevo derrame de petróleo en la Amazonía.
De acuerdo con estadística que maneja la petrolera estatal de las 11 fugas de petróleo en el Oleoducto en lo que va del 2016, 8 fueron provocadas por terceros. Así lo informó La República.
“Hay intereses políticos y económicos detrás de estas acciones; utilizan a los nativos, usan a las comunidades para romper el Oleoducto a propósito. No se está acusando a las comunidades nativas sino a personas individuales que buscan beneficiarse de esta situación”, señaló Augusto Baertl, presidente del directorio de Petroperú a través de un comunicado a la prensa.
Sin embargo, un tema que no puede pasar inadvertido es cuánto le cuesta a la empresa bandera de todos los peruanos remediar cada ruptura del Oleoducto. Según cálculos de la propia Petroperú por cada derrame se deben destinar al menos unos S/ 40 millones en trabajos de reparación, contención, limpieza, entre otros. De esta manera, la estatal ha gastado al menos S/400 millones para hacer frente a las contingencias en su infraestructura principal.
El costo económico no solo afecta la caja de Petroperú, pues el Oleoducto es la infraestructura clave en la Amazonia peruana para trasladar el petróleo que se extrae de esa latitud, por tanto su paralización desde febrero de este año viene afectando también a las empresas con lotes petroleros en la selva, lo cual se traduce en la economía regional: menores ingresos por canon y regalías, y despidos de trabajadores en lotes hoy parados por fuerza mayor como es el caso del Lote 192 (ex 1-AB) o el Lote 67 de Perenco.
Toma de acciones
Ante estos episodios, el directorio de Petroperú informó que se está coordinando con el Gobierno el patrullaje y supervisión de las instalaciones por parte de las fuerzas del orden a lo largo del derecho de vía donde está instalado el ONP.
Asimismo, ha contratado un sistema de video vigilancia aérea de alta tecnología (drones), para la detección de elementos que afecten la integridad del ducto.
«Demandamos a las autoridades competentes que aceleren los proceso de investigación correspondiente, a fin de identificar a los responsables de estos gravísimos hechos y que se les impongan drásticas sanciones por haber atentado contra el patrimonio nacional», demandó Petroperú.
Otra medida que está por tomar la estatal es la pronta implementación del programa «Guardianes del Oleoducto», como mecanismo de integración de las comunidades en resguardo de las instalaciones.
Sobre este aspecto, el actual directorio de la estatal se ha fijado como eje prioritario de su operación en la selva, obtener la licencia social y promover el desarrollo sostenible en las comunidades del entorno de sus operaciones.
Para ello, implementará un plan de desarrollo social para mejorar la calidad de vida de las comunidades donde operan, con una visión de largo plazo y estrategia cuantificable con indicadores de desempeño.
«Con un enfoque proactivo y no reactivo, a través de comunicación abierta, mejorando la imagen», indicó.
En reciente entrevista con La República, Augusto Baertl, presidente del directorio de Petroperú, aseguró que ya se ha propuesto al Ejecutivo la posibilidad para aplicar al mecanismo de obras por impuestos, al cual, a la fecha, solo pueden acceder las empresas privadas.
«Venimos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el despacho del Primer Ministro en la redacción de los posibles instrumentos legales que faciliten la gestión de Petroperú», detalló.
Bajo el mecanismo de obras por impuestos podría, por ejemplo, ejecutarse obras de agua y saneamiento, en lugares donde Petroperú tiene importante presencia como Talara, en donde desarrolla la construcción de la nueva refinería de esa ciudad.
(BQO)
