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Empresas minero-metalúrgicas implementarán sistema de transporte de relave con mecanismos de protección

Con 85 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone la adecuación del transporte y disposición final de relaves a las empresas minero-metalúrgicas. La disposición legal busca disponer la adecuación del transporte y disposición final de relaves, a modo de que no generen impacto ambiental negativo.

La iniciativa legal señala también que las empresas del sector deberán implementar un sistema de transporte de relave con mecanismos de protección para que este material transportado no entre en contacto directo con el suelo, no se infiltre al subsuelo o alcance curso de agua natural y cuente con un sistema de contingencia para las situaciones de fuga y derrames.

Además, deben contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado, donde se establezca el transporte del relave y las medidas de control, y para tal fin, deberán adecuar su sistema de transporte.

Igualmente, en un plazo no mayor de 90 días calendario y luego de publicado el reglamento de la presente ley, las empresas deben presentar el instrumento de gestión ambiental respectivo a la autoridad certificadora competente, indicando el sistema de transporte a implementar y el cronograma para su implementación.

Con respecto a esta norma, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yessica Apasa Quispe (Frepap), afirmó que no implica gasto alguno al erario nacional, por cuanto serán las empresas privadas dedicadas a las actividades minero-metalúrgicas quienes realicen la inversión que corresponda a fin de que el producto dañino al ambiente y al ser humano, conocido como relave, tenga un sistema de transporte y sea depositado en una estructura segura, a fin de que no afecte al ecosistema.

“Partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación y en forma descentralizada, el Estado garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en situación de pobreza; asimismo, fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidad ante los desastres”, manifestó.

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