En el Perú, los plazos reales en que el Estado otorga una concesión minera o permiso de exploración pueden hasta triplicar los plazos establecidos por Ley, según el Índice de Competitividad Minera, elaborado por Macroconsult y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El ránking —que considera a siete países mineros— posiciona al Perú en el penúltimo lugar.
Para hacer frente a esta problemática, el ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, indicó que se podría considerar aplicar el silencio administrativo positivo para agilizar los trámites y se respeten los plazos a los que se comprometió el Estado.
“Hay una necesidad de mayor agresividad [en los plazos]. Se puede regresar el silencio administrativo positivo, si el problema son los plazos y no se cumplen. Creo que tenemos que exigir que haya silencio administrativo. Eso va a forzar a la administración pública a digerir el atraso”, indicó el también socio de Macroconsult.
De esta manera, si el Estado no da su opinión en el plazo establecido, automáticamente se declarará fundada la solicitud de la compañía, siempre que este no incumpla alguna norma.
En esa misma línea, Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura, indicó que con esta medida se logrará generar “un sentido de urgencia para que sin cambiar estándares ni el proceso, se proponga el desafío de atender mas rápido las solicitudes”.
Respecto a la ventanilla única digital del sector minero creada en setiembre, Gobitz dijo que se ha «visto cómo el Estado está tan fraccionado que a veces esa unión se vuelve lenta”, por lo que es preferible una solución más agresiva como la del silencio administrativo positivo.
Regulación minera
En setiembre, el Gobierno creó la “Comisión para el desarrollo minero sostenible” —encargada en elaborar una propuesta para actualizar la Ley General de Minería—. Para Gobitz, el anuncio de la “creación de una nueva Ley general de minería crea una incertidumbre, pues no sabemos cuáles van a ser los alcances de la ley”.
De otro lado, Marcelo Santillana, gerente general de la minera Poderosa, comentó que las normas en el Perú se enfocan más en la gran minería que en la mediana.
“Son dimensiones diferentes económicamente, Poderosa reclaman un espacio para la mediana minería. Algo del 15% [representa la mediana minería], y la gran minería es el resto. Hay que legislar para todos pero pensando que hay sectores que requerimos legislación adecuada. Si no se legisla adecuadamente, eso le quita competitividad a la minería”, agregó.
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(BQO)
