El viceministro de Mina indicó que vienen buscando alternativas para frenar la contaminación en río de la provincia Melgar.
Hasta ahora, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no cuenta con las herramientas para detener el daño ambiental que los relaves de la unidad minera Arasi (de la empresa Aruntani) contaminan con aguas ácidas desde el río Llallimayo a zonas urbanas en Ayaviri, en Puno.
Así lo reconoció el viceministro de Minas, Jorge Luis Montero, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde fue invitado para responder sobre las acciones que adopta el Ejecutivo para frenar la citada contaminación que, según el grupo de trabajo, afecta a ganaderos de la provincia Melgar.
Durante su ponencia, Montero indicó que Arasi vierte 170 litros por segundo de aguas ácidas con metales pesados en disolución al río Llallimayo. Asimismo dijo que, de la reunión que mantuvo con representantes de la minera, no avizoran una solución inmediata.
«No podemos ingresar (a la mina) ni hacer una rehabilitación ambiental de emergencia para cortar el flujo de impacto de los componentes mineros contaminantes…, no podemos hacer nada de eso porque el marco normativo – para el cierre de minas – que tenemos no nos lo permite», señaló el funcionario.
Asimismo explicó que cuando ejecutaron la garantía financiera por incumplimiento del cierre de minas (de Aruntani), no fue suficiente (los US$ 6.3 millones propuestos) para un cierre efectivo y que, para ello, se requeriría aprobar expedientes técnicos que estarían listos recién en 2023.
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Según Montero, una opción es lograr que el Gobierno Regional de Puno declare el estado de emergencia ambiental o peligro inminente por contaminación de aguas, que permita generar el marco legal para atender la situación.
La segunda acción en marcha, indicó el funcionario, es plantear solicitud a un juez mediante una medida de amparo que le ordene al Minem ingresar a la mina Arasi y hacer obras de remediación en su planta de tratamiento de aguas ácidas y la canalización de las mismas.
La solución para este y otros casos similares, anotó Montero, es que el Congreso apruebe una nueva legislación para el cierre de minas, a fin de que se disponga de la planificación desde el inicio de operaciones.
