Para el exviceministro de Minas, Ricardo Labó, se requieren de 8 a 10 meses para elaborar un informe adecuado y el plazo otorgado por EITI vence el 30 de septiembre.
El 31 de marzo, el Perú fue notificado de su suspensión de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI; por sus siglas en inglés).
Esto por no presentar el octavo informe de transparencias sobre los recursos que las empresas extractivas (de minería y de hidrocarburos) entregan al Estado.
Tras ello, la organización ha decidido otorgar un plazo de 6 meses, el cual vencerá el 30 de septiembre de este año.
Contra el tiempo
Para el exviceministro de Minas y Socio Minero en LQG, Ricardo Labó, el Perú está en riesgo de no llegar al plazo para presentar un adecuado informe.
En Rumbo Minero TV, el también ex presidente de la iniciativa EITI Perú, consideró que se requiere de 8 a 10 meses para la elaboración.
“Para hacer un buen proceso de consolidación y presentar el informe necesitaríamos entre 8 a 10 meses. Estamos contra el tiempo”, declaró.
Añadió que tomando como referencia solo los 6 meses de plazo, si se considera que un proceso de licitación en el Estado puede tomar 2 meses; quedarían 4 meses para presentar.
“El último informe para hacerlo tomó entre 6 a 8 meses”, indicó.
Labó también planteó que una alternativa es que el Estado se acerque al EITI a explicar la situación.
“La otra alternativa es acercar al EITI, explicar la situación para no perder este importante estatus de transparencia que nos ha costado 20 años en crear”, enfatizó.
Impactos y consecuencias
Sobre cuáles son los impactos que el Perú sea suspendido, el exviceministro de Minas señaló la falta de transparencia y; por ende, la falta de confianza frente a la comunidad y a los inversionistas.
“Debemos mantener este estatus de transparencia porque implicaría que el Perú y los sectores no son transparentes; y la confianza empieza por la transparencia”, expresó.
Esa situación se replicaría a nivel de las regiones del Perú que reciben los recursos económicos generados por la minería a través del canon.
“Se genera mucha más incertidumbre y desconfianza a nivel local porque esa información ya no se estaría transmitiendo a nivel de las regiones que son justamente los beneficiarios de todos los impuestos distribuidos a través del canon que genera la industria minera”, subrayó.
