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AAP exige control y fiscalización de repuestos automotrices importados al Perú

La preocupación del gremio automotor, explicó, se centra en los motores, partes y piezas usadas, que provienen del desguace (chatarreo) de vehículos o procedimientos similares que, por argucias legales se usan como repuestos para otros vehículos que se encuentra en circulación.

Todos los motores, partes y piezas automotrices usadas que llegan al Perú como productos remanufacturados deben cumplir estrictamente las condiciones técnicas y restricciones establecidas en el ordenamiento legal nacional, para salvaguardar la integridad física de los usuarios y la sostenibilidad del medio ambiente. Así lo señaló Ellioth Tarazona, Gerente Técnico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

“Nuestra preocupación principal es la seguridad de los peruanos que se movilizan todos los días en el territorio nacional”, enfatizó.

La preocupación del gremio automotor, explicó, se centra en los motores, partes y piezas usadas, que provienen del desguace (chatarreo) de vehículos o procedimientos similares que, por argucias legales se usan como repuestos para otros vehículos que se encuentra en circulación, sin haber pasado ningún tratamiento de reparación o reacondicionamiento que garantice su óptimo funcionamiento.

Por ello, Tarazona insistió que contar con el sistema de control de las condiciones para la importación de motores, partes y piezas usadas remanufacturadas, vigente desde el año 2010, resulta esencial.

“Así, se garantiza la seguridad de los vehículos, del tránsito y transporte terrestre, preservando la calidad del aire y la vida y salud de las personas”, acotó.

En este punto, detalló que es importante tener en cuenta que la remanufactura es un proceso industrial de reciclado y puesta en valor de productos que terminan siendo tan “buenos” como uno nuevo. “Una práctica utilizada internacionalmente, bajo supervisión y cumpliendo las reglas sobre el tratamiento y regulaciones que le son aplicables, lo que garantiza su calidad”.

Tarazona explicó que para que un producto sea remanufacturado debe pasar comprobadamente por un proceso de limpieza, inspección y verificación y luego son sometidas a un proceso productivo de recuperación (soldadura, maquinado de superficies, moleteado, galvanizado, enfundado, rebobinado u otros), de manera tal que el producto final mantiene los mismos estándares técnicos y de calidad (peso, dimensión, resistencia, tolerancia, rendimiento u otros) que el original.

“Estos productos formalmente reutilizados tienen una expectativa de vida similar a uno nuevo, inclusive el fabricante otorga una garantía de fábrica análoga a la de una mercancía nueva”, señaló el especialista.

Asimismo, indicó que lamentablemente existen evidencias recogidas por las autoridades (Sunat y PNP) de que algunas empresas inescrupulosas ingresan al país productos que aseguran haber pasado por el proceso de remanufactura, pero en realidad no es así y probablemente estarían adulterando los documentos, pretendiendo sustentar la condición de remanufacturados a mercancías que no cumplen con las requisitos mínimos para ser declaradas como tales.

“Esto es un delito gravísimo que alcanza tanto al importador y compromete a los fiscalizadores del Gobierno”, acotó.

En suma, la exigencia de la garantía para la remanufactura, explicó Tarazona, tiene sustento técnico y garantiza, entre otros, el cumplimiento de determinados estándares de calidad y de seguridad, pues tienen que ver con el correcto funcionamiento y operatividad de un vehículo.

“No se trata de un procedimiento administrativo con requisitos para restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado, sino de proteger la salud e integridad de las personas”, que no pueden estar subordinados a intereses comerciales.

Por ello, los procesos de fiscalización deben ser permanentes y estrictos, pues, solo aquellos bienes que cumplan con las disposiciones legales vigentes impulsaran los esfuerzos del Estado por proteger a las personas, que es el fin primordial de la tutela estatal, reducir la obsolescencia del parque automotor, y cumplir con reducir la contaminación local y los compromisos que como país hemos suscritos para lograr la reducción de Gases Efecto Invernadero.

“Por el contrario, la inaplicación de las condiciones técnicas podría terminar desnaturalizando la finalidad que persigue la regulación del transporte en nuestro país”, finalizó.

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