Carlos Humberto Alva
Abogado
Las ideas del nuevo gobierno sobre el desarrollo de nuestra minería, expresadas por su Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, se resumen así:
- Las inversiones mineras son necesarias para el desarrollo del país, por lo que se deben encarar los problemas de forma real y en función de la situación actual.
- El rechazo a los proyectos mineros se da por dos motivos: desconocimiento de las características propias del proyecto, y la población siente que el Estado poco o nada ha hecho por ellos a través de la historia.
- El Estado tiene brindar una serie de servicios –independientemente de un proyecto minero– como agua potable, educación y salud.
- Con presencia del Estado y cumpliendo su rol, se conseguirá de parte de la población la receptividad para que puedan también recibir la información del proyecto minero.
- Es importante escuchar cuáles son las necesidades ajenas al proyecto y comenzar a tender puentes de diálogo. El “Adelanto social” está necesariamente ligado al proyecto.
- Los proyectos entrampados no van a encontrar solución en uno, tres o cinco meses, porque se necesita primero un proceso de acercamiento, de atención de las necesidades de la población, de recuperación de la confianza y ahí recién comenzar a trabajar.
- Se instalarán mesas de desarrollo desde la etapa exploratoria. No se debe esperar a que el proyecto tenga el EIA aprobado.
- Se hablará primero de desarrollo en las zonas donde están paralizadas las inversiones mineras, hablar del progreso, de la atención de sus necesidades básicas, y gradualmente se irá hablando de los proyectos.
- Hubo una política equivocada en el manejo de conflictos sociales asociados a la inversión minera.
- Son tres los proyectos que podrían lograr viabilidad en estos siguientes cinco años: Quellaveco, que depende de la empresa, el Estado y la sociedad civil. Tía María, siempre y cuando se lleguen a consensos, acuerdos, diálogo. Y Conga, caso especial que requiere ser analizado al detalle en cuanto se considera que es un proyecto muy difícil de sacar adelante en el corto plazo. De hecho, no se concretará en los próximos tres años, por lo que se debe evaluar su viabilidad para ver si nuevamente se le incorpora al listado de proyectos mineros para el mediano o largo plazo.
- Rigurosidad para la minería ilegal, aplicando la ley y castigando de manera enérgica a los ilegales. Para los informales o artesanales se darán todas las facilidades para su formalización, transformando al Estado en un canal a través del cual puedan comercializar el mineral que extraen, con vigilancia de su integridad física y del ambiente.
Frente a lo señalado, planteamos acciones concretas:
- Desarrollar los proyectos mineros paralizados. Ciertos proyectos mineros cuentan con estudios aprobados y han sido debidamente socializados en los procesos de participación ciudadana. Impulsar los procesos truncos y priorizar la intervención del Estado ya programada en zonas con proyectos en cartera, reprogramando actividades como las de electrificación rural, agua, saneamiento, carreteras, entre otros. Destrabar la permisología. Reconstruir legitimidad del Estado.
- Derrumbar los mitos. Ciertos argumentos antiextractivistas se basan en mitos y mentiras. Estos deben derrumbarse con información, mecanismos efectivos de presencia del Estado y seguridad.
- Mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Involucrar más activamente a autoridades locales, medios de comunicación y líderes de opinión, superando el sesgo formalista de estos espacios.
- Distinguir para dialogar quiénes apuestan por el desarrollo de quiénes no. La estrategia de los grupos antimineros es bloquear los estudios ambientales y su evaluación, reclamando estudios independientes, y a la vez ejerciendo acciones de violencia para impedir la libre discusión de ideas. A estos grupos radicales les conviene el juego de la gradualidad de comunicación a cualquier tipo de proyecto.
- Tener claros los intereses detrás de los conflictos. En los conflictos que se han activado en los proyectos paralizados, no perder de vista los intereses que se han revelado a lo largo de esta última década. En ello es evidente que hay una agenda política que tiene una mirada retrógrada del rol del Estado, que busca consolidar espacios. Ya hemos visto el fracaso de este modelo en países vecinos.
- Intervenir y formalizar la cadena comercial informal e ilegal. En el caso de la minería informal e ilegal, un sector de mineros informales combinados con ilegales buscan que el Estado les dé las concesiones, y otro sector busca perennizar el statu quo porque está amarrado a actividades del narcotráfico y otros delitos. Mientras tanto, se dan maña para penetrar los núcleos de los poderes del Estado. Debe intervenirse y formalizarse la cadena comercial.
- Introducir el tema minero en la educación. En el ámbito educativo, introducir el tema minero de forma crítica y analítica, no la mera mención en la currícula educativa. Promover la agenda minera en la discusión de los grandes temas nacionales y en los ámbitos académicos y de gobiernos subnacionales. Para el colectivo, aún somos un país con minas, no un país minero.
