MINERÍA. Tía María queda en suspenso por lo menos hasta el 2019. Solo falta que el Gobierno expida la licencia de construcción para construir la mina en el desierto de Islay. No se tomará ninguna decisión por lo menos hasta después de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.
Tía María, el proyecto minero que pretende explotar dos tajos de cobre en la provincia arequipeña de Islay, por lo menos este año, no está previsto ponerlo en marcha.
Southern Perú, a inicios de año, había planificado obtener la licencia definitiva en el segundo semestre de 2018. El anhelo se diluyó por errores propios, el calendario electoral y la posición gubernamental de no comprometerse con una inversión que podría encender un conflicto social.
En febrero, el funcionario responsable de Relacionamiento Social de Southern, Raúl Jacob, confiaba en que el Gobierno les diera la licencia para construir la mina, y empezar a trabajar con la misma maquinaria y personal que había concluido con la ampliación del yacimiento más viejo de la compañía en la sierra de Tacna, Toquepala (Tacna).
El escenario era favorable a inicios de año con los precios del cobre en alza y un voluntarioso premier César Villanueva, jugándosela por Tía María. Reculó días después, cuando los opositores amenazaron con protestas.
Sin embargo, el autogol vino de la propia empresa. En una charla del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el vocero de Tía María, Carlos Aranda, ante la pregunta de por qué la resistencia a Tía María en Deán Valdivia (Islay), respondió apelando a “una interpretación genética”. Dijo que estos pobladores eran violentos por sus genes. La prueba era el líder terrorista Abimael Guzmán, nacido en ese territorio costeño.
El exabrupto originó el cambio de Aranda y que las tareas de comunicación sean asumidas por Paul Lostaunau Ramos.
En junio, en su última visita a Arequipa, Vizcarra solo confirmó que no era momento de Tía María. Dio a atender que primero había que atender las necesidades del valle de Tambo y, luego, se vería lo de Tía María.
El último martes, el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, señaló que era preferible respetar la época electoral, en cuyos comicios, el 7 de octubre, se elegirá nuevas autoridades regionales y municipales.
Mala época
En tiempos de campañas políticas, se caldean la pasión y demagogia. Entonces, no son propicios para poner Tía María en debate. Eso lo habría entendido el Gobierno y la compañía de capitales mexicanos.
“Anunciar un destrabe en estos meses sería lo mejor para los candidatos antimineros”, opina el analista José Lombardi.
“Si Southern busca la licencia de construcción, todos los postulantes saldrán a decir que se oponen. Tendríamos hasta diez comités de lucha”, expresa el sociólogo José Luis Ramos Salinas. Añade que sería el caballo de batalla no solo de los candidatos de Islay, también de los aspirantes al sillón regional.
Ya se tiene experiencia. En el 2011 y 2015, se pretendió impulsar el proyecto en época de elecciones generales con saldos negativos.
Para los candidatos locales, la bandera contra Tía María ha servido para capitalizar el voto. Richard Ale (Islay), José Miguel Ramos (Punta de Bombón), Helar Valencia (Cocachacra) y Jaime de la Cruz (Dean Valdivia) de activistas terminaron convertidos en autoridades.
En este proceso, varios de los conocidos dirigentes volverán a probar suerte, desde Marilú Marroquín hasta Jesús Cornejo.
Licencia social
Tía María tiene EIA aprobado. Lo único que le falta es la licencia de construcción. Incluso pudo superar una controversia judicial con la minera Vania por la superposición de un terreno de 50 hectáreas, fue resuelta en abril por mutuo acuerdo.
Le falta la denominada licencia social, la aceptación de los pobladores del valle de Tambo. Un importante sector teme que las actividades mineras sean una amenaza para la agricultura. Tampoco cerraron las cicatrices de los siete muertos que dejó el conflicto en el 2011 y 2015.
Por su lado, Southern trabaja en el relacionamiento con el programa Valle Unido, que realiza diversas campañas en Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra. La compañía financió los expedientes técnicos para dos hospitales (Islay y Cocachacra).
Sin embargo, para el economista Patricio Quintanilla, Southern cometió demasiados errores en el pasado que mantienen la oposición. “Creo que el rechazo no es tanto a Tía María como a Southern. Si Southern mañana decide vender el proyecto, creo que sería mucho más fácil”, sostuvo.
Para José Lombardi, un error preocupante fueron las palabras de Aranda: “Que un representante de la empresa diga que hay un gen terrorista, eso es una provocación”.
Mientras tanto, los voceros de Valle Unido de Southern sostienen que, por ahora, seguirán comunicando las bondades del proyecto a la población, mientras aguardan alguna decisión del Gobierno.
