Incertidumbre y dudas por la poca claridad respecto a las políticas que se avecinan. Ese es el sentir que se observa en el sector minero respecto a los planes del Gobierno para este rubro.

En agosto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Iván Merino, se reunió con representantes del sector, y si bien una parte de los mensajes permitió aclarar las intenciones que tendría el Ejecutivo para esta industria, también hubo vacíos debido a la ausencia de precisiones sobre el criterio de “rentabilidad social”, el cual fue mencionado por el presidente Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio como un elemento a considerar para el impulso de proyectos.

En ese sentido, para Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la mención a la rentabilidad social, hasta el momento, ha sido bastante genérica y no da a entender nada que ya no vengan cumpliendo las empresas.

“Incluye criterios con los que la industria ya viene cumpliendo, tanto en lo que atañe a contribuciones para el desarrollo local como para estándares ambientales exigentes, por no referirnos al respeto de las normas culturales en la zona donde se opera. De manera que esta propuesta no resulta ajena a lo que ya se hace en la minería”, aseveró a Perú 21.

Confianza en los inversionistas

Por otra parte, considera que encontrándose esta industria y la economía en general en un ambiente de alta incertidumbre y habiéndose escuchado en las últimas semanas “mensajes discordantes, los unos con los otros”, en el Poder Ejecutivo, el foco del Gobierno debería estar en mejorar la confianza.

“Lo importante en este momento es restituir la confianza en los inversionistas. Recordemos que la inversión privada es uno de los principales motores de crecimiento económico en el Perú y necesitamos por lo tanto un marco normativo predecible, estable y transparente si es que queremos movilizar la inversión privada que el país necesita para retomar la senda del crecimiento económico, tan necesario en momentos en los que vivimos una crisis sanitaria y económica como la que nos golpea en este momento”, explicó De la Flor.

Desafío

Por su parte, el consejero especialista en derecho minero del Estudio Payet, Ángel Chávez, explica que actualmente la minería ya está altamente regulada y se le exige cumplir con altos estándares, especialmente a las grandes y medianas empresas. Sin embargo, ensaya cual podría ser el concepto de la rentabilidad social.

“La rentabilidad social podría estar enfocada en el beneficio que obtendría la sociedad, o las comunidades cercanas a las operaciones, en la medida que las autoridades locales que tienen los recursos puedan ejecutar proyectos de desarrollo que mejoren la calidad de vida de sus pobladores. Ese debería ser el escenario”, comenta. No obstante, añade, ello llevaría a evaluar la capacidad de ejecución de gasto de los mismos gobiernos locales, la cual suele ser reducida.

“En caso de incapacidad de generar proyecto o de gestionar la ejecución de obras, que es bastante evidente, tanto a nivel local como regional, debería acudirse a los mecanismos existentes como obras por impuestos o asociaciones público privadas”, sugiere el especialista.

Aunque advierte que existen casos de mineras que impulsan proyectos de obras por impuestos que tienen problemas con gobiernos locales, pues los alcaldes se muestran en contra de la ejecución de las obras porque no pueden presentarlas como propias.