El Senace informó que esta semana debe resolver el recurso de apelación que presentó Terminal Portuario Paracas (TPP) a la decisión de esa entidad de no aprobar la modificación a su estudio de impacto ambiental para el proyecto de modernización del puerto de Pisco, lo que no permitiría a esa empresa embarcar minerales por dicho terminal.
El Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) adscrito al Ministerio del Ambiente, recordó que en febrero último desaprobó la modificación al estudio de impacto ambiental (MEIA) que planteó el concesionario del puerto General San Martín, de Pisco, luego que este no pudiera levantar 33 observaciones, de las cuales 16 corresponden a esa entidad y 17 al Sernanp.
Por su parte, el CEO de Terminal Portuario Paracas, Jorge Arce, en diálogo con Gestión, señaló que han planteado la apelación al Senace, porque están seguros de que no hay ninguna observación técnica a la instalación de un almacén de concentrados para cobre y zinc, ni a las dos plantas para uso y tratamiento del agua de mar.
“Hacen observaciones que no ameritan no aprobar una MEIA, porque tienen que ver con una carretera (que conecta el puerto con la Reserva Nacional de Paracas y la Panamericana Sur) de uso público desde los años 50, antes que se creara la reserva (y no tiene que ver con el proyecto portuario en sí)”, apuntó Arce.
Además, indicó que –si bien hay estudios de la empresa que han descartado impactos por el paso de camiones hacia y desde el puerto en especies que viven en la reserva–, hay alternativas que pueden evitar mayores consecuencias ambientales, como las que prevé el Ministerio de Transportes (MTC).
El MTC –reveló– ya ha declarado prioritaria la construcción de una carretera de uso exclusivo para el puerto, la cual se conectará con la ruta de acceso actual (y la Panamericana Sur) pasando frente a la entrada, y evitará su paso por la zona turística de la reserva.
Indicó que el trazo que seguirá la nueva vía de acceso ya tuvo la aceptación y la confirmación del Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado). En todo caso, el CEO de TPP indicó que, si el Senace decidiera -en su resolución de la apelación- que no aprobará la MEIA, es probable que la empresa plantee el inicio de un proceso de arbitraje contra el
Estado, para que le reconozca el perjuicio económico que le ocasionaría tal decisión, y que TPP estima en US$ 220 millones.
“Ese sería el impacto en nuestro flujo de negocio durante los años de la concesión”, anotó.
Además, remarcó que el embarque de minerales ya lo hacía el puerto de Pisco antes de la concesión, cuando lo operaba Enapu, pero sin ningún tipo de control y exponiendo los minerales al aire libre, a diferencia del transporte y embarque encapsulado que plantea TPP y que –aseguró– evitará toda posible contaminación.
*foto referencial
(BQO)
