Por: Juan José Córdova, Socio de Auditoría y Líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en Perú
A comparación del 2013, la producción minera del año 2014 sufrió altibajos. Por un lado, algunos metales mostraron un crecimiento significativo en función al año anterior destacando el hierro con una variación de +7.66%, la plata en +2.74%, el plomo en +4.5% y el cobre tan solo en 0.26%. Por otra parte, otros metales presentaron una baja en su producción, como el oro que decreció en un 7.6%; el zinc, en 2.4% y el estaño en 2.4% en comparación al 2013.
En el caso del oro, la disminución se debió a la baja del precio del metal precioso en el mercado internacional, lo cual tuvo como consecuencia una reducción en la producción de los principales productores de oro en el país: Minera Yanacocha y Barrick Misquichilca, quienes representan el 46% de la producción en el país.Respecto de la plata, la producción de plata presentó un crecimiento acumulado en el 2014 de 2.74% más que en el 2013, debido principalmente al incremento en la producción de las principales minas tales como la Compañía de Minas Buenaventura, la cual incrementó su producción en 18%. Sobre el cobre, pese a diversas variables adversas, se logró obtener un incremento de 0.26%. Las operaciones en el último mes del año 2014 se vieron afectadas debido a una disminución en la concentración metálica en las zonas mineras en explotación y paralizaciones por reclamos laborales.
A pesar de esta situación, la cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 54 principales proyectos, que en conjunto ascienden a US$ 60,938 millones.
Entre los proyectos que más destacan, figuran:
1. Ampliaciones por un total de US$ 7,420 millones: Cerro Verde, Chinalco y Shougang Hierro Perú
2. Con EIA aprobado por un total de US$ 19,431 millones: Anglo American Quellaveco, Chinalco, Yanacocha, Hudbay y Las Bambas
3. Con EIA en evaluación por US$ 1,700 millones: Jinzhao Mining
En exploración por un total de US$ 15,456 millones: Apurimac Ferrum, Cañariaco Copper, Lumina Copper, Minera Antares, Río Blanco Copper, Southern Copper Corporation y Minera CentauroCon la promulgación del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, del 06 de enero del presente año, se espera facilitar el inicio de operaciones de proyectos mineros, en especial de aquellos que implican una gran envergadura y una inversión superior a US$1,500 millones, los cuales significan un incremento de un punto porcentual en el PBI.
Por otro lado, según Pedro Martínez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el incremento de las inversiones mineras ha permitido que el índice de pobreza se reduzca de 54,8% en el 2009 a 23,9% en el 2013. La cifra del 2014 fue de 208.383 empleos, inferior en 2% aproximadamente con respecto al año precedente. El 32% de los empleos generados este año correspondió a empleo directo y el 68% restante a través de contratistas. El empleo en el sector minero ha decrecido debido a la postergación de proyectos causada por los conflictos sociales y la caída en los precios de los metales.
Por otro lado, uno de los principales retos que enfrenta el sector es el tema de la minería informal. El peso de esta es muy importante, sobre todo en las provincias de Madre de Dios, Puno, Sur chico y La Libertad. Esta actividad, que escapa al control del Estado, se ha visto alentada por la falta de empleo rural y el alto precio de los metales en épocas de bonanza.
La minería informal tiene una participación significativa en la minería de oro del Perú de 20%, y esta engloba tanto empresas ilegales muy rentables y de tamaño económico considerables, como verdaderos pequeños mineros informales.
La minería informal abarca un porcentaje significativo de la producción minera. De lograr la formalización de todos sus participantes, o la gran mayoría, beneficiaría al incremento del PBI y fomentaría un ambiente más favorable para la actividad minera, desterrando problemas sociales originados por políticas ineficientes y el descontento.
Con el objetivo de formalizar la minería en Perú, el gobierno lanzó un programa de formalización, el cual tuvo un éxito casi imperceptible. Para Hernando de Soto, presidente del Instituto de Libertad y Democracia (ILD), el fracaso de esta política radicó en que el gobierno no había realizado un estudio sobre el público que era objetivo de esta política, a eso se le suman las trabas burocráticas que implicaba el programa, como esperar un periodo de 3 años, una inversión de US$80,000 y no realizar operaciones durante ese lapso.
Rumbo Minero Ed. 84
