El crecimiento exponencial del precio del oro está incentivando el ingenio de la minería ilegal para acceder a más territorios mineralizados, torciendo la ley en su favor.
Es el caso de la Consulta Previa, mecanismo que busca proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero que está siendo usurpado por “grupos de interés” que lo utilizan para su propio beneficio.
“Se trata de mineros ilegales que están detrás de los territorios ricos en recursos minerales y que emplean en su favor los argumentos de la ley porque, lo que menos quieren, es que una empresa formal ingrese”, apunta Patricia Balbuena, exministra de Cultura.
El objetivo, explica, es apoderarse de dichos territorios porque, una vez que los ocupan, “ni siquiera el Estado es capaz de entrar”.
Precisa que esto lo consiguen movilizando a las comunidades campesinas. Esto, argumentando que “la minería formal contamina” o que “las empresas mineras no están aplicando la consulta previa”.
Anota que quienes caen en esto no son siempre las poblaciones locales sino migrantes que van siguiendo el rastro de la minería y que “están buscando trabajo”.
Estrategia contra la minería legal
Iván Arenas, experto en sostenibilidad y relaciones comunitarias, alerta que esta estrategia resulta aplicada en Apurímac, donde algunas comunidades campesinas, como es el caso de Pamputa, “desconocen abiertamente cualquier tipo de consulta previa con el único objetivo de poner reparos a la inversión de la minería moderna”.
La estrategia, relata, es bastante ingeniosa. Consiste en juntar a un grupo de comuneros alrededor de una concesión o proyecto minero donde se sabe que hay mineral, y en reclamar que se trata de pobladores indígenas u originarios “cuando no lo son”.
Esto, con el fin de convocar a una Consulta Previa, pues esta solo puede ser aplicada a las comunidades indígenas u originarias.
Convocada la Consulta Previa, continúa Arenas, lo que los supuestos indígenas hacen es ponerle trabas para espantar a la empresa minera formal que trabaja en la zona, provocar un conflicto y reclamar el territorio como propio para poder extraer, ellos mismos, el mineral.
A ese fin, señala, recurren a otra ilusión, que es autodenominarse como ‘mineros ancestrales’, actividad que, ellos aducen, ha sido realizada históricamente por “algunos pueblos y comunidades originarias”.
La realidad, asevera Arenas, es que esa figura no existe en la legislación peruana. Por el contrario, se trata de una nueva estrategia a la que se estaría abocando la minería ilegal para capturar más concesiones mineras. Eso significa, advierte, que muy pronto puede haber un “boom de pueblos originarios”.
A su entender, esta amenaza se atajaría si se elimina de la legislación peruana el concepto de “pueblos originarios”, pues se trata de un “constructo antropológico que no tiene mayor asidero histórico”.
Comunidades indígenas
José Mansen, ex jefe de la Oficina de Gestión Social del Minem, refiere que, si los comuneros quieren declararse como mineros ancestrales, van a tener que demostrar que “estuvieron desde mucho antes” explotando el mineral.
“Al final, tendrán que reclamarle al Gobierno y este tendrá decidir qué es lo que se debe que hacer”, apunta.
Según el Ministerio de Cultura, hay 55 pueblos indígenas u originarios en el Perú, entre ellos, el quechua y el aymara. Dichos pueblos están distribuidos entre más de 3.000 comunidades indígenas, algunas de muy reciente creación, pues “es potestad de los gobiernos regionales el reconocerlas”, indica Mansen.
Estas comunidades son las que pueden pedir la realización de una Consulta Previa. Y es que, para ello, hacen falta solamente dos condiciones.
Una es que exista una comunidad indígena u originaria y otra es que esta se vea afectada por la actividad minera, explica Balbuena.
“La consulta no aplica solamente porque exista una comunidad indígena. Lo que el Estado tiene que proteger es que no haya una afectación a sus derechos, y no cualquier afectación, sino una afectación a sus derechos colectivos”, manifiesta.
En tal sentido, alerta sobre el mal uso de la consulta por la minería ilegal, pues esto puede desacreditar este mecanismo y perjudicar enormemente a los pueblos indígenas u originarios.
Este Diario se contactó con el Ministerio de Energía y Minas para obtener su versión sobre este álgido problema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
