Para el abogado especialista en minería, el Gobierno en lugar de las DREM debe encargarse de la formalización minera pero necesita consensuar una ley con el Congreso.
Los mineros ilegales en el país están protegidos por un marco legal que blanquea sus actividades, sostuvo Rafael Lengua, abogado especialista en energía, minería y recursos naturales.
El Ministerio Público tiene más de 7,200 investigaciones por el delito de minería ilegal desde el 2019 a la fecha y sólo el 40% está judicializado.
«Son 500 mil mineros ilegales los que se estima hay en el país, ningún Ministerio Público ni sistema penitenciario va a poder albergar a estos delincuentes. Por más que enfoquemos nuestros esfuerzos a procesar a este grupo, si esa es la única estrategia que vamos a adoptar no va a ser efectiva», comentó a Rumbo Minero.
Lengua señaló que deben generarse incentivos para que los mineros infomales decidan formalizarse y «no pensar en cómo los sancionamos». Asimismo, otorgar recursos, medidas y políticas para que efectivamente se fiscalice y sanciones a los «verdaderos delincuentes».
«Mientras eso no ocurra, vamos a tener una sobrecarga de nuestros sistema judicial con respecto a estos procesamientos y eso va a generar una lentitud y paralización en el avance de estos procesos», aseveró.
De otro lado, el socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría señaló que la problemática que afronta el sector extractivo se basa en los trámites que se ralizan y el estado de derecho y cómo se maneje alrededor de los proyectos que se desarrollan.
«El problema para el sector minero son estas micro reformas y cambios que se han dado de manera frecuente en el tiempo», dijo.
Sobre la posible declaratoria de emergencia del proceso de formalización minera anunciada hace unos días por el titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho dijo que es un «mensaje político positivo».
«Pero qué efecto práctico tiene esa declaratoria, la verdad ninguna. Lo que se necesita es que realmente haya un trabajo para el diseño de una política de formalización para los mineros a pequeña escala y la fiscalización de los mineros ilegales que son parte de organizaciones criminales, y que no quede en un papel sino que se implemente», detalló.
Lengua consideró oportuno y adecuado que el gobierno central analice volver a asumir el proceso de formalización minera que a la fecha está a cargo de las direcciones regionales de minería y minas (DREM).
«Peor todavía cuando el trabajo relativo a la formalización y pequeña minería está disperso en distintos gobiernos regionales que no tienen ralmente ningún interés en solucionar el tema, y muchas veces no tienen las capacidades ni recursos para hacerlo. Esto tiene que volver al gobierno central», acotó.
Agregó que para que ello se materialice se tiene que dar a una propuesta del Ejecutivo o un proyecto de ley del Congreso pero ahí se enfrenta otra barrera de corte político.
«Ahí es donde el tema se puede complicar porque conseguir los consensos políticos para esa reforma puede ser difícil en esta coyuntura», finalizó.
