Mientras tanto, Castillo, quien durante su campaña presidencial acusó al sector minero de «saquear» la riqueza del país, está empujando una reforma tributaria en el Congreso para subir los impuestos al sector minero.
Agencia Reuters.- Gabino León está molesto y no está solo. El campesino en la región de Apurímac en el sur peruano mira todos los días cómo cientos de camiones cargados de cobre rugen al pasar frente a su casa de adobe, levantando polvo en una accidentada vía de tierra que se ha vuelto un foco de protestas que afecta al segundo productor mundial del metal rojo.
La ira de Gabino -reflejada también en cientos de pequeños centros poblados en los Andes peruanos- se debe a que él no ve que la riqueza mineral que pasa por su puerta le traiga ningún beneficio, y culpa a la minería de afectar su estilo de vida como un agricultor de subsistencia.
«Delante de nuestros ojos está pasando toda la riqueza de Apurímac», dijo León desde su casa, a unos 20 kilómetros de la gran mina de cobre Las Bambas, controlada por la china MMG Ltd, que empezó operaciones en 2016 y representa el 2% de la oferta mundial de cobre.
«Pero nada nos deja, nada nos deja, nada somos», afirmó.
Las comunidades locales han sido por mucho tiempo escépticas sobre los beneficios de la minería y están volviéndose más empoderadas bajo la presidencia de Pedro Castillo, quien asumió el poder en julio con promesas de sacudir el sector y redistribuir las ganancias mineras de manera más equitativa.
Reuters viajó cientos de kilómetros a través del corredor minero usado por Las Bambas y otras mineras en las regiones de Apurímac y Cusco, además de por otra carretera minera en la región de Áncash.
Entrevistas con más de 60 residentes mostraron los principales reclamos: contaminación que afecta las fuentes de agua, falta de infraestructura y puestos de trabajo, y el polvo que levantan los camiones, que la población local dice que mata sus cultivos y ganado.
Castillo ha ordenado a la policía a que no reprima las protestas contra la minería y no ha impuesto el estado de emergencia para mantener el orden, una herramienta usada frecuentemente por gobiernos anteriores.
El resultado es que las protestas mineras se han incrementado ligeramente desde que Castillo asumió la presidencia, la mayoría de ellas en regiones Andinas donde él recibió un apoyo masivo durante las elecciones, según un reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.
En la provincia de Cotabambas, donde vive León y se sitúa Las Bambas, Castillo ganó con un 91% de los votos.
Las Bambas ha dicho que va a suspender operaciones esta semana si un bloqueo del corredor minero que lleva ya 25 días no se resuelve.
El mes pasado, las acciones de la minera Hochschild Mining Plc se desplomaron más de un 50% luego de que el Gobierno peruano dijo que dos de sus minas no recibirían extensiones operativas como resultado de protestas de comunidades locales, que dicen que la empresa ha contaminado las fuentes de agua.
Hochschild dijo que «rechaza categóricamente» las acusaciones y el Gobierno dio marcha atrás al anuncio días después.
Los bloqueos del corredor minero también han afectado recientemente a la mina Constancia de Hudbay Minerals Inc y a Antapaccay de Glencore. Otras protestas llevaron a la suspensión temporal de operaciones de Antamina, propiedad de BHP, Glencore, Teck Resources y Mitsubishi.
Las grandes empresas mineras que operan en Perú dijeron a Reuters que pagan grandes sumas de dinero en impuestos, crean empleos locales y negaron que sus operaciones o sus camiones contaminen el ambiente.
Pero las tensiones han sumido al país andino en la inestabilidad, abriendo interrogantes sobre el futuro de las inversiones mineras en un país que depende significativamente del sector, mientras los precios del cobre se mantienen en níveles casi récord.
«Tenemos en este momento como 10 puntos de operaciones mineras que están siendo bloqueadas o afectadas, el caso más emblemático es el corredor minero de Las Bambas. NO PUEDE SER QUE CASI CADA SEMANA SE BLOQUEE EL CORREDOR MINERO DEL SUR», dijo Raúl Jacob, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
«COMPARTIMOS ESA PREOCUPACIÓN»
Las mineras en Perú dicen que contribuyen lo justo.
Las Bambas ha pagado 4.900 millones de soles (1.210 millones de dólares) en impuestos desde el 2016, dijo la firma en una presentación este año. Sus operaciones representan tres cuartos de toda la economía de Apurímac, una región de 406.000 personas, que ha venido creciendo más rápido que ninguna otra en Perú en los últimos años.
Sin embargo, la pobreza en toda la región de Apurímac casi no ha caído desde que la mina empezó a operar, llegando a un 35% en 2020, que se encuentra por encima del promedio en Perú, además la pandemia anuló algunos avances iniciales.
«Por supuesto que compartimos esa preocupación, lo que menos queremos es que exista esa percepción», dijo Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos de Las Bambas en una entrevista. El problema, dijo, es que los gobiernos locales no gastan los impuestos mineros de manera eficiente.
«Esto es una responsabilidad del Estado pero Las Bambas no va a decir que no nos importa», dijo Castro, añadiendo que la mina está ofreciendo cursos a los gobiernos locales sobre cómo manejar un gasto público eficiente.
El gobernador de Apurímac Baltazar Lantarón dijo en una entrevista con un medio local este año que el asunto del gasto público es complejo, y que a veces se diseñan presupuestos pero los fondos no son transferidos a tiempo.
Apurímac ha gastado 88 millones de dólares de los 130 millones de dólares que tenía proyectados en base a recursos mineros este año, según el Ministerio de Economía.
Mientras tanto, Castillo, quien durante su campaña presidencial acusó al sector minero de «saquear» la riqueza del país, está empujando una reforma tributaria en el Congreso para subir los impuestos al sector minero.
«Se está haciendo la reforma al inicio de un ciclo que vamos a ver cuánto va a durar», dijo José de Echave, un economista que está asesorando al Gobierno en la reforma tributaria.
La última vez que Perú revisó sus impuestos mineros, en 2011, el último boom de las materias primas se acercaba a su fin.
«Perdimos casi ocho-nueve años en que podríamos haber buscado capturar rentas mayores en ese período», dijo de Echave.
Él y Víctor Villa Zambrano, quien asesora a la provincia de Chumbivilcas que está bloqueando el corredor minero, dijeron que el Gobierno está tomando una postura menos confrontacional con las protestas.
«Yo creo que (Las Bambas) estaba buscando una declaratoria de estado de emergencia, pero ese sueño se esfumó», dijo Villa.
EL POLVO
Un reclamo compartido por decenas de agricultores que conversaron con Reuters a lo largo del corredor minero es el polvo.
El polvo se siente intensamente en el aire cerca al corredor minero, que en su mayoría es una pista de tierra. Muchos de los residentes que viven en el perímetro del corredor en las regiones de Apurímac y Cusco son agricultores de subsistencia que dicen que el polvo afecta sus cultivos y ganado, además de su salud.
«No hace nada la mineria. Nos contamina, mata a nuestros animales, baja la produccion de la agricultura», dijo Verónica Montes, quien vive en la provincia de Chumbivilcas al borde del corredor. Mientras Reuters la entrevistó, 53 camiones pasaron delante de su casa de adobe.
Claudio Cáceres, vicepresidente de asuntos legales de Las Bambas, dijo que el polvo «es una realidad. No lo podemos negar y por eso sabemos que debemos mitigarlo».
«Pero desde un punto de vista técnico, según nuestros estudios, esta generación de este material no genera una afectación a la salud», dijo Cáceres.
A lo largo del corredor minero y en el centro poblado de Chicñahui situado al borde de Las Bambas, más de una decena de agricultores dijo que el polvo estaba afectando la salud de su ganado.
En Chicñahui varios ganaderos dijeron que mienten sobre su lugar de residencia cuando llevan sus animales para vender en la ciudad de Challhuahuacho, a minutos de Las Bambas. En la ciudad, varios carniceros dijeron que evitan comprar ganado local por la sospecha de que pueda estar contaminado.
Las Bambas dice que apoya el plan del Gobierno peruano de pavimentar el corredor minero para poner un fin al polvo y posiblemente construir un tren que transporte el cobre hasta la costa.
MINERALES EN EL AGUA
Varias horas al sur de Las Bambas, en el centro poblado de Alto Huarca, los residentes viven a la sombra de los relaves en forma de pirámide de la mina Antapaccay de Glencore.
Elena Álvarez, quien vive al costado de la mina, dijo que la empresa ha contaminado un riachuelo que ella y sus animales usan para tomar agua, afectando su salud, la de su ganado y sus finanzas.
«Antes (de la mina) yo trabajaba con leche y ganaba. Hoy totalmente al fracaso nos hemos ido», dijo Álvarez.
El gerente general de Antapaccay, Carlos Cotera, dijo en un comunicado que la mina no ha contaminado los ríos de la zona.
«El contenido de minerales en el agua, que es una problemática real, se relaciona con la presencia natural de estos minerales en el suelo, y no por la presencia de una operación minera», dijo Cotera.
Agregó, sin embargo, que es verdad que existen problemas para que las poblaciones aledañas se beneficien de los recursos generados por la minería.
«Consideramos que el actual modelo de distribución no ha permitido reducir las brechas sociales y son las autoridades las llamadas a implementar un sistema mucho más equitativo», dijo.
En Huancané Bajo, desde donde se ve la operación minera, el agricultor Francisco Merma compartió preocupaciones similares.
«No tenemos ni agua, no tenemos ni luz, no tenemos saneamiento basico, así vivimos», dijo. «Somos vecinos de la empresa, ¿pero de qué sirve?»
El Gobierno peruano toma un papel activo para mediar conflictos mineros entre empresa y comunidades locales, pero las treguas pueden durar poco.
En octubre, líderes de la provincia de Chumbivilcas llegaron a un trato con Las Bambas para que se les contrate como conductores de camiones de la empresa. Pero desde entonces han bloqueado el corredor de nuevo porque dicen que el número de trabajos ofrecido es muy poco.
En la siguiente provincia, Cotabambas, el agricultor León dijo que había escuchado del trato con Chumbivilcas y pensó que era momento para que ellos también recibieran un acuerdo similar.
«Nosotros deberíamos ser iguales que ellos, los de Chumbivilcas. Queremos ser algo», dijo León.
